Por Daniel Cruz
Desde que asumieron la dirección del Estado el 16 de agosto de 2020, el licenciado Luis Abinader y el PRM se han conducido con una irresponsabilidad inaudita. Al parecer, asumieron la premisa de que en las elecciones de aquel año el país les había otorgado una patente de corso para hacer y deshacer a su exclusivo criterio.
A esta línea de conducta ha contribuido el dominio absoluto del Poder Ejecutivo, ejercido concomitantemente sobre las demás instancias del Estado: el Poder Legislativo, gran parte del Judicial y, «de ñapa», el control de la mayoría de los cabildos, tanto grandes como pequeños. Respecto a esto último, la experiencia vivida con el PRM en el poder parece darle la razón a quien concibió la idea de que el poder absoluto corrompe absolutamente.
Las torpezas e hipocresías de la gestión perremeísta se manifestaron desde el principio. Basta recordar la bulla y las poses simuladas de legalismo del entonces recién juramentado presidente Abinader al promover una modificación a la ley del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) para que Wellington Arnaud pudiera asumir la dirección de esa entidad sin ser ingeniero civil con especialidad en Ingeniería Sanitaria. En paralelo, en la Dirección General de Aduanas se designaba a Eduardo Sanz Lovatón en contravención de la legislación vigente en ese momento (la Ley No. 226-06 de Autonomía de la DGA), la cual disponía que para dirigir dicha institución el incumbente debía contar con «reconocida capacidad e idoneidad profesional y experiencia técnica en el área fiscal de por lo menos diez (10) años».
Asumamos lo anterior como una simple muestra de la doble moral oficialista y centrémonos en la demostración de por qué al PRM le calza tan bien el calificativo de irresponsable. Para ello, analicemos los datos —que nadie se ha animado a desmentir— presentados por el economista Juan Ariel Jiménez sobre el comportamiento de la nómina pública desde 2020 («La nómina que nadie controla», *Listín Diario*, 11 de agosto de 2026).
Sostiene Jiménez que la nómina del Gobierno central alcanzó los 29,261 millones de pesos en junio de 2026, casi el doble del monto encontrado en agosto de 2020. Algo similar ocurrió en los organismos descentralizados y en los gobiernos locales, donde el gasto en personal también casi se duplicó.
Esto en lo relativo a los recursos financieros. En lo referente a la cantidad de personas, la situación es igual de preocupante: en los seis años de gestión del PRM, el número de empleados públicos se ha incrementado en 124,051 personas. Dicho de otro modo, durante este sexenio se ha contratado a un promedio de 58 personas por día, lo que equivale a 2.4 nuevos empleados por hora.
El PRM llegó al poder en 2020 con la promesa de reducir el tamaño del Estado. Sin embargo, a la luz de las cifras, lo que ha hecho es casi duplicarlo —al menos en cantidad de servidores públicos—, sin que esto se haya traducido en una mayor eficiencia. El propio Juan Ariel Jiménez lo ilustra con el caso del sector educativo: desde agosto de 2020 hasta la fecha, la nómina administrativa del Ministerio de Educación aumentó en 34,497 empleados, mientras que la nómina docente apenas creció en 5,990 personas. En pocas palabras, la contratación de personal administrativo fue seis veces superior a la de personal docente.
Este dato, escandaloso por sí solo, resulta empequeñecido por otro hecho devastador: la nómina educativa aumentó al mismo tiempo que se reducía la matrícula estudiantil. Según datos del propio Ministerio de Educación, actualmente hay 27,386 estudiantes menos que en el año escolar 2019-2020. En definitiva: ahora se gasta sensiblemente más en nómina para atender a menos estudiantes.
Para muchos resulta fácil ser generoso con lo ajeno. Ya quisiéramos ver semejante soltura con los bienes patrimoniales del señor Abinader. Abogamos por que el mandatario proceda con la misma lógica en sus empresas privadas y se decida a multiplicar allí la plantilla de empleados. Pero ¡ah, no! En el ámbito privado sí apelaría a la Ley de Rendimientos Marginales Decrecientes, según la cual existe un punto a partir del cual cada trabajador adicional aporta menos al proceso productivo, hasta llegar a un rendimiento nulo o negativo respecto a la inversión realizada.
Lo ocurrido con la nómina pública representa un grave escándalo en cualquier sociedad mínimamente institucionalizada; sin embargo, en nuestro medio se asume con una pasmosa e insólita normalidad.
Si a la irresponsabilidad en el manejo de la nómina estatal se le suma la irresponsabilidad con que se ha conducido el gobierno del PRM en el endeudamiento público, existen razones de sobra para presionar el botón de pánico. A ese llamado deben acudir la sociedad civil y las fuerzas vivas del país antes de que sea demasiado tarde.
danielcruzpld@gmail.com
(El autor es periodista residente en Santo Domingo, República Dominicana).
