Santo Domingo (República Dominicana).- El Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional ratificó la prisión preventiva a tres imputados de la red de trata de personas con fines de explotación sexual desmantelada el pasado año con la Operación Cattleya.
El fiscal Eduardo Velázquez, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, destacó la decisión adoptada por el tribunal durante la revisión obligatoria de la medida de coerción a los imputados José Miguel Michel Gurdis (Michel), Angélica Johanna Quintero y Daniel Enrique Inirio Abreu, en razón de que los presupuestos que ellos presentaron en la audiencia fueron los mismos que los presentados el día 29 de noviembre a dicha juzgadora».
Los tres imputados fueron arrestados tras la puesta en marcha de la Operación Cattleya en agosto del pasado año, dirigida por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la PETT, que dirigen la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso y la procuradora de corte Yoanna Bejarán.
El caso se sigue también contra Cristina Virginia González Hernández, María Castillo Vargas, Robert Lee Eleuterio Paniagua Díaz, José Alberto Soriano Rosario (Cirujano) y Dionicio Mieses de la Cruz (Dionis).
Además, contra Louis Marie Nephtalie, Engel Nefthali Vargas Soto (Ángel), Oliver Arnaud Lewinski y/o Timothy William Case Renee, Braulio Manuel Lugo, Marie Fokina Achille (Fior, Flor o Flores), Carlos Jhonatan Walwyn Campusano Díaz (Carlos), Melvin José Valentín Peguero, Zafiro Nataly Sánchez González, Oscar Wicene y Alejandro Arturo Batista Bustamante (el Gato).
El proceso también involucra a los hoteles Caribe y Oscar, del sector Gascue, del Distrito Nacional, y Coco Real, de Bávaro, Punta Cana, provincia La Altagracia.
El Ministerio Público puso en marcha el jueves 4 de agosto de 2022 la operación Cattleya con decenas de allanamientos en el Distrito Nacional y Bávaro, producto de una amplia investigación iniciada hace nueve meses y con la que desarticuló redes transnacionales dedicadas a la trata de personas con el fin de explotarlas sexualmente y con la que rescató a más de 80 mujeres víctimas de Suramérica.
En el transcurso de la investigación el Ministerio Público ha establecido que las víctimas eran sometidas a explotación sexual, al ofertarlas por distintas tarifas para provecho económico de la organización criminal.
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