Santo Domingo (República Dominicana).- El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional decidió mantener en prisión al coronel Rafael Núñez de Aza, procesado por su vínculo con la red de corrupción desmantelada el pasado mes de abril con la denominada “Operación Coral”.
La decisión se fundamentó en la petición que hizo el Ministerio Público.
La fiscal Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), explicó que la justicia conoció dos solicitudes de imputados del caso Coral.
“Hoy estuvimos conociendo dos solicitudes, una revisión a solicitud de partes, del imputado Rafael Núñez De Aza, y una solicitud de peticiones del imputado Adán Cáceres con el objetivo de tener acceso sus abogados al recinto penitenciario con mayores libertades”, explicó Ortiz a los periodistas a su salida del tribunal.
Con relación a Núñez de Aza, quien solicitó una revisión de la medida de coerción de 18 meses de prisión preventiva que cumple en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal, dijo que “el tribunal ha entendido que no hay lugar a variar la medida de coerción que pesa sobre este, que se mantiene el peligro de fuga y que seguirá en prisión preventiva”.
En tanto que, sobre la solicitud del mayor general Adán Cáceres, indicó que “lo que ha decidido el tribunal es que este tiene que respetar las normas del recinto penitenciario, que no puede existir ningún tipo de privilegio y que sus abogados tienen que conducirse bajo las normas establecidas en el recinto penitenciario, ya que no podemos tener normas exclusivas para imputados exclusivos”.
La coordinadora de Litigación de la Pepca resaltó que los abogados siempre han tenido acceso a sus clientes. “Así lo hicimos saber al tribunal, así lo expresa el informe que el sistema penitenciario ha emitido en el que constan, incluso, las firmas de estos abogados, todas las veces que han tenido acceso al sistema”.
Ortiz explicó que los representantes legales quieren tener un acceso más allá de lo previsto por las normas, lo que descartó, “porque el sistema penitenciario no tiene imputados preferidos”.
“Siempre las visitas en los recintos penitenciarios deben ser supervisadas, por seguridad de los internos, por seguridad de los abogados y de todas las personas del recinto. Lo que la jueza le ha concedido es que esas visitas sean por mayor tiempo”, señaló.
La fiscal Ortiz explicó que dada la complejidad del caso y de las pruebas contundentes que ha presentado el Ministerio Público, los abogados de Cáceres Silvestre requirieron más horas con su representado, y agregó que aunque la jueza concedió un espacio de tiempo más prolongado, siempre será en igualdad de condiciones de los demás privados de libertad y respetando las normas del sistema penitenciario.
En mayo pasado el Ministerio Público presentó pruebas que llevaron a la justicia a imponer 18 meses de prisión preventiva en contra del mayor general Cáceres Silvestre y a Rossy Guzmán Sánchez «La Pastora», así como del cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la religiosa; el coronel policial Núñez de Aza y al sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
Mientras que contra Raúl Alejandro Girón Jiménez se ordenó el arresto domiciliario por razones de seguridad, por cooperar con la investigación del Ministerio Público.
Los imputados guardan prisión en los centros de corrección y rehabilitación de Najayo Hombres y Mujeres, en San Cristóbal, mientras el Ministerio Público continúa con la investigación del caso, que ha sido declarado de tramitación compleja.
Al grupo se le acusa de presuntamente incurrir en asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
Las investigaciones la realizan la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca, dirigidas por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho.
De acuerdo a la investigación, el entramado criminal desarrollaba sus actividades delictivas en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), principalmente, con el abultamiento de la nómina.
El Ministerio Público estableció en el transcurso del proceso judicial que los imputados realizaban operaciones fraudulentas para adquirir una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares del país.
Durante las pesquisas, el Ministerio Público descubrió que el coronel Núñez de Aza también fungió como director financiero del Conani, a pesar de que no aparecía en los registros públicos.
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