A rajatabla
Un Estado impregnado de modernidad se sostiene en el absoluto respeto a su Constitución Política y obediencia y estricta aplicación de las leyes adjetivas, sin lo cual no sería posible sustentar la gobernanza ni encaminar a la nación por senderos de justicia, equidad, crecimiento y desarrollo.
A la par con infraestructuras como metro, monorrieles, teleféricos, autovías, carreteras, puentes, avenidas, presas y canales de riesgo, se requiere que se promuevan oleajes de modernidad en la superestructura jurídico–política que permitan a los ciudadanos acceder a la innovación institucional.
La sociedad dominicana, aun enferma de atraso y con aun con severos signos de dilatada flagelación en su anatomía social infringida por la tiranía, pudo dar un significativo paso de avance en 1962 con la celebración de elecciones libres y la redacción de una Constitución Política de las más avanzadas en su tiempo.
Bajo la premisa de que las condiciones materiales de existencia en un conglomerado social signan el destino de sus instituciones jurídico-políticas, se entiende entonces, las razones por las cuales el gobierno de Juan Bosch ni su Carta Magna Liberal no lograron sobrevivir.
Al presidente Joaquín Balaguer se le reconoce el impulso y aprobación del Código Agrario que alivió en algo la tragedia que significó la posesión de la mayor parte de tierras productivas en pocas manos hateras, al fragor de la cual emergieron los parceleros de la Reforma Agraria.
La vuelta a la democracia formal en 1978 trajo consigo leyes de gran impacto como la que dispuso la libertad de los presos políticos y retorno de los exiliados, aunque en términos formales, se mantuvo la estructura de dominación política y social de sectores vinculados con la tiranía.
Los oleajes de modernización institucional más trascendentes se produjeron a partir de 1994, con las reformas al Poder Judicial y al Ministerio Publico, así como la puesta en vigencia de un nuevo Código Procesal Penal, la creación del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Itla), con lo cual se desbrozaron caminos hacia la innovación.
La Reforma Constitucional de 2010 consolidó en términos estructural a la democracia dominicana, con la creación del Tribunal Constitucional, a lo que se agregan el Consejo Nacional de la Magistratura, del Poder Judicial y del Ministerio Público.
El presidente Luis Abinader se inscribió entre los estadistas que dejan su impronta en los oleajes de consolidación democrática, con su reforma constitucional que blindó el principio de no reelección presidencial consecutiva y la independencia del Ministerio Público.
Más de sesenta años después del ajusticiamiento de Trujillo, la sociedad aguarda que el Congreso apruebe los nuevos códigos Penal, Procesal Penal y Laboral, que ojalá sea antes de que concluya esta legislatura, si no es mucho pedir.
orion_mejia@hotmail.com
(El autor es abogado y periodista residente en Santo Domingo, República Dominicana).
