La sombra es cómplice de muchos crímenes. Los malhechores suelen cubrirse en la ausencia de luz para la ejecución de sus malsanas acciones. Están vigentes y visibles las consecuencias de la oscuridad que envolvió la administración del Estado durante los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana.
El contrato que concede al consorcio Autopista del Nordeste la explotación de la carretera Juan Pablo II, que comunica a Santo Domingo con la zona turística de Samaná, representa una obra de la sombra. Esto por las leoninas ventajas que se le concedieron a la firma constructora en desmedro del interés nacional.
El Gobierno, a través de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, ha contratado los servicios de la acreditada firma de abogados que encabeza el doctor Emmanuel Esquea para examinar el sombrío contrato, puesto en ejecución en 2005 y que obliga al Estado dominicano a pagar cuotas desmesuradas a la otra parte.
El sábado 27 de febrero, en su primera rendición de cuentas como jefe del Estado, Luis Abinader reveló que las concesiones a la referida compañía podrían costar al Tesoro público 7.000 millones de pesos, equivalentes a 121 millones de dólares, solo en el presente este año. Esto en adición a los costosos peajes que pagan los usuarios.
El presidente Abinader abordó el asunto con sobriedad y con visible adustez. Pronosticó que, si el subsidio a Autopista del Nordeste se mantuviera sin variaciones, hacia el vencimiento de la concesión, en 2031, el Estado dominicano habrá pagado seis veces el costo total de la carretera. Es una sombra tenebrosa.
Cuando Abinader proclamó que “vamos a poner solución a esto ya, y estamos estudiando la vía legal para hacerlo”, estaba seguro de lo que haría. De ahí la consulta al doctor Esquea como abogado independiente para analizar el contrato y dar una opinión al respecto. Además de ducho en derecho, Esquea es hombre firme.
La vía, inaugurada en 2008, percibe cerca de dos mil pesos por cada vehículo liviano que se desplace de Santo Domingo-Samaná en ida y vuelta. Tiene sus beneficios garantizados, no obstante, el contrato obliga al Gobierno a pagar miles de millones de pesos, gracias a una cláusula que garantiza a la concesionaria un ingreso mínimo.
La administración Abinader está en la disposición de negociar con las empresas o entidades que tengan contratos no beneficiosos para el país, antes de abocarse a un litigio internacional en materia de arbitraje. Eso dijo el consultor jurídico, Antoliano Peralta Romero. Es sensato ese pensar, pero al peaje sombra hay que someterlo a la luz.
rafaelperaltar@gmail.com
(El autor es periodista y escritor residente en Santo Domingo, República Dominicana).
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