Santo Domingo (República Dominicana).- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Romana solicitarán que se mantenga la prisión preventiva de 18 meses impuesta a Yves Alexandre Giroux, uno de los principales cabecillas de la red de estafa electrónica de carácter inmobiliario del Caso Guepardo.
La jueza Vicky Chalas, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana, dispuso el aplazamiento para el próximo 2 de septiembre, con el fin de citar a los querellantes.
Durante la audiencia se conocerá la revisión obligatoria de la medida y la solicitud de traslado de recinto penitenciario que hace imputado.
El Ministerio Público sostiene que contra Giroux debe mantenerse la medida privativa de libertad debido a la gravedad de los hechos y al peligro de fuga.
El pasado 11 de julio, las imputadas Rocío del Alba Rodríguez de Moya y Marisol Nova Nolasco recurrieron en apelación, procediendo la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís a ratificarles la prisión preventiva por 18 meses, estableciendo, que es un hecho de suma importancia para la sociedad y que hay elementos que el Ministerio Público sindica que ameritan que se investigue en estado de prisión.
En cuanto a Loany Ortiz, cabecilla de la estructura junto a Yves Alexandre Giroux, se informó que se encuentra aún detenida en Bogotá, Colombia, enfrentando el proceso de extradición requerido por el Ministerio Público dominicano y se espera que sea enviada lo antes posible al país, para que responda por sus hechos.
Giroux cumple la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de San Pedro de Macorís. El privado de libertad intentó ser trasladado a la cárcel pública de El Seibo, lo cual le fue negado por el tribunal.
La estructura criminal se dedicaba a promocionar proyectos inmobiliarios, atrayendo compradores de República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa, a través de la promoción de RE/MAX, una empresa internacional reconocida en el mercado.
En el transcurso de las investigaciones se ha establecido que los miembros de la organización delictiva recibieron la suma de US$18,851,583, además de que han sido incautados bienes inmuebles en Santo Domingo Este, Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia, donde se secuestraron vehículos de alta gama, aparatos electrónicos y documentación relevantes.
El equipo de investigación está compuesto por los fiscales Claudio Cordero, Manuel Castro y Mayerlin Rondón, de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y la Fiscalía de La Romana.
La procuradora de corte Ramona Nova y la fiscal Reina Rodríguez recordaron que el Ministerio Público realiza la investigación por la violación a las disposiciones de los artículos 405, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, 15 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y a la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
