Por Marcos Dominici Borges
Las crisis diplomáticas operan como un espejo que retrata el verdadero alcance de la política exterior de un país. El reciente choque entre los gobiernos de República Dominicana y Nicaragua, escalado tras un cruce de notas oficiales y la inmediata llamada a consultas de la embajadora dominicana en Managua, deja al descubierto la profunda grieta política e institucional que atraviesa a los países de la cuenca del Caribe y Centroamérica.
El origen del conflicto radica en las declaraciones públicas del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en las que dio por clausurada la vía electoral participativa en su país. La respuesta de Santo Domingo fue inmediata, invocando la Carta Democrática Interamericana de la OEA para cuestionar la deriva autoritaria del régimen sandinista.
Managua, por su parte, reaccionó con adjetivos destemplados y acusaciones directas, acogiéndose al principio estricto de no intervención en sus asuntos internos. Ante ese escenario, ayer el Gobierno dominicano optó por retirar a su jefa de misión, la embajadora Acsamary Guzmán Nina, una medida de protesta técnica de alto nivel que congela la interlocución diplomática sin llegar al quiebre definitivo de los nexos consulares.
Este diferendo deja en evidencia la coexistencia de dos visiones contrapuestas sobre el Derecho Internacional Público:
Por un lado, Nicaragua sostiene su postura en una interpretación rígida del principio de soberanía y no injerencia, buscando blindar su política interna frente a cualquier escrutinio exterior. Por el otro, la diplomacia dominicana plantea que los acuerdos multilaterales firmados por los Estados -como las cláusulas democráticas interamericanas- generan compromisos vinculantes que ningún país puede desestimar unilateralmente bajo el argumento de la soberanía.
Al retirar a su embajadora, la República Dominicana apela a un mecanismo de protesta formal contemplado en el marco de las relaciones diplomáticas. Esta acción le permite al país marcar una postura clara frente al discurso de Managua, salvaguardando al mismo tiempo la protección legal de los bienes y archivos de su legación mientras se evalúa el curso de la relación bilateral.
En el fondo, lo acontecido entre Santo Domingo y Managua expone la fragilidad de espacios como el SICA, evidencia el aislamiento progresivo del régimen nicaragüense y sitúa a la República Dominicana en una posición donde la defensa del marco democrático regional entra en directo conflicto con la fluidez de las relaciones bilaterales en la región.
marcosdominicciasoc@gmail.com
(El autor es analista y especialista en temas internacionales. Reside en Santo Domingo).
