San Juan (Puerto Rico).- Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico, Concilio 95 AFSCME, reaccionó hoy en contra de la determinación del Tribunal de Quiebras de acceder a la petición de la Junta de Supervisión Fiscal para exigirle al Gobierno de Puerto Rico no implementar ni poner en vigor varias leyes, entre éstas la Ley 176 del 2019, que le devuelve a los empleados públicos sus 30 días de vacaciones anuales.
El sindicato catalogó de injusta, insensible e indignante la acción.
«Un empleado reconocido y valorado por sus funciones, en cualquier ambiente público o privado tiene un mayor rendimiento, de eso no hay ninguna duda, establecer lo contrario y seguir privando a un trabajador de sus derechos adquiridos, eso sí es hacer que la fuerza laboral se sienta menospreciada y poco eficiente» señaló Benjamin Borges, síndico administrador y portavoz principal de Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico.
Por otro lado, Borges recordó que la unión luchó fuertemente para evitar que este derecho fuera arrebatado al comienzo del cuatrienio.
Advertió a los legisladores que sería más difícil recuperar el mismo luego de que lo eliminaran, sin embargo, ellos sucumbieron a las presiones de la Junta para conservar el presupuesto de los cuerpos legislativos en el plan fiscal y no es hasta los meses de campaña electoral que deciden tomar acción para las gradas.
“Como representante exclusivo entendemos que la Junta de Supervisión Fiscal no comprende la realidad del empleado público en nuestra Isla, que se encuentra mal pagada y que sus beneficios son el elemento que balancea un poco la ecuación para retener personal idóneo”, dijo.
Por otro lado, entiende que el Gobierno de Puerto Rico y la Legislatura no han manejado adecuadamente su responsabilidad de al emitir leyes, justificar y defender sus posturas con la data necesaria para que la Junta no tenga la posibilidad real de revertir estas leyes.
El sindicalista también señaló que reconoce la importancia de que las partes se sienten a dialogar sobre este tipo de situaciones.
» Nuestra unión llegó a un acuerdo con la Junta de Supervisión Fiscal que incluye beneficios y logros para nuestros unionados e incluso favorece a otros empleados públicos, y lo logramos basándonos en análisis, data concreta y experiencia”, expresó.
Indicó que el acuerdo incluso no impide que se puedan seguir mejorando las condiciones actuales de los empleados públicos cuando estas mejoras se concedan legalmente y este acuerdo entrará en vigor una vez la Jueza apruebe el Plan de Ajuste.
“Los beneficios de dicho acuerdo no se ven afectados por la reciente decisión de Swain, tampoco la resolución que ordena levantar la paralización en nuestros casos de arbitraje. Por eso, el rol del Gobierno y la legislatura es tan importante en la defensa de las leyes que se realizan en justicia hacia el pueblo trabajador. Nuestra unión siempre ha estado dispuesta a defender y a poner nuestro peritaje en la defensa de todo aquello que conlleve justicia para el trabajador.» indicó.
El sindicato entiende además que el problema fiscal de Puerto Rico no se debe a su plantilla de trabajadores, sino a la corrupción, a los favores políticos que incluyen salarios exhorbitantes, a los amigos del alma y a los contratos millonarios y nebulosos que cada vez son más.
“En estos momentos, SPU se encuentra analizando esta determinación del Tribunal con la división legal internacional para ver cuáles son sus opciones reales ante esta acción que afecta a gran parte de su matrícula”, manifestó el sindicalista.
Comentarios sobre post