Este gobierno está forzado a abrir procesos contra la corrupción y la impunidad, situándolos en la nueva Procuraduría General para emprender desde allí una larga y tortuosa ruta llena de obstáculos al interior del Poder Judicial… hasta llegar a la Suprema Corte del PLD.
La presión de la sociedad impide que simplemente se evada un tema de tanta relevancia y con tanto impacto sobre el llamado “cambio”. Por eso ya comenzó actuar… y no es sorpresa que lo haga con una primera denuncia muy fundamentada en torno a la estafa del asfalto electoral.
Una denuncia previamente estructurada en el Informe de Alicia Ortega y en el Jarabe de Zapete, que Carlos Pimentel y Milagros Ortiz Bosch solo han tenido que darle el formado técnico-jurídico correspondiente.
Gonzalo Castillo, el otrora poderoso ministro de Obras Públicas, estaba más caliente que el asfalto derretido. Es un punto altamente vulnerable del íntimo entorno del expresidente Danilo Medina, y atacándolo a él se pone “tuche” a Danilo y su PLD, sin que la justicia llegue todavía a donde debería llegar.
Ahora habrá que impugnar aquello de que a los expresidentes se le respeta, tornando en impunidad su tácita inmunidad. O de que solo se le acosa o acorrala políticamente, pero jamás se le condena. Y lo digo, porque en fin de cuentas, el Penco solo ha sido un instrumento con muchas culpas, aunque no con tantas como sus superiores.
Esto es válido también para los expresidentes vinculados a las sobrevaluaciones, sobornos y financiamientos electorales de Odebrecht, por lo que no se debe tardar en abrir el abanico de ese expediente mutilado incluyendo a los máximos responsables, sin excluir Punta Catalina y sin quedarse en los corruptos preferidos.
Pero es válido además para los sobornos y la sobrevaluación silenciada de los Super-Tucano, que con la ausencia de Leonel acusa de un enorme e inaceptable vacío. Eso de corruptos preferidos y no preferidos no se lo va a tragar esta sociedad, porque desgarra más que un té de tachuelas.
Es notoria la exclusión de la agenda oficial la corrupción de la empresa privada: consorciados-Odebrecht, Antena Latina, Fonper, Sansouci-Marina, Barrick, delitos ambientales, mafia de los combustibles….
Por demás, provoca fundadas sospechas el silencio oficial respecto al tema del automóvil eléctrico presidencial y los consiguientes vínculos con la TESLA, así como la evasión del denunciado involucramiento del nuevo administrador del Banco de Reservas en los sobornos relacionados con los Super-Tucanos, denunciado en el 2016 en Acento y refrescado ahora por Marino Zapete.
narsoisa@gmail.com
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