Seccional de Alianza País reitera ilegalidad del decreto 430/17 y exige su modificación

Por Freddy P. Galarza

Nueva York.- La seccional del Partido Alianza País ratificó su lucha por la derogación del decreto 430/17, que grava con un impuesto de 10 dólares a los dominicanos que entran a su país, y adelantó que tomará acciones legales.

Luis Mayobanex Rodríguez, coordinador en el exterior de la entidad política, afirmó que es inconstitucional el cobro de los 10 dólares a los dominicanos que viajan a República Dominicana, al adquirir un boleto aéreo, marítimo y terrestre.

Enfatizó que para los quisqueyanos que residen en el exterior resulta un incumplimiento del presidente Luis Abinader, ya que había prometido durante una de sus visitas a Nueva York, en septiembre 2021, de que tumbaría el cobro de los 10 dólares en tres meses, sin embargo, dijo que a casi un año no ha sucedido.

Rodríguez resaltó que recientemente el juez del Tribunal Constitucional Rafael Díaz Filpo, se refirió a dicho decreto 430/17, manifestando públicamente que el cobro de los 10 dólares a los dominicanos que viajan a su país es ilegal.

Señaló que de la misma manera se pronunció el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Rey Guevara, durante el seminario “Constitución, Diáspora Dominicana; Avances y Retos” realizado en la ciudad de Nueva York, explicando que “mediante sentencia 602- 18, se estableció que ningún dominicano en el extranjero necesita la tarjeta y mucho menos pagar los 10 dólares de impuestos”.

Recalcó que la aplicación del impuesto desde el mes de abril del 2018 al 2022, basándose en la cantidad de dominicanos no residentes llegados a República Dominicana y restándole los 22.542 que recibieron el reembolso, “llevan a nuestra organización denunciar que el Estado dominicano se ha adueñado de 41.922.630 millones de dólares.

El dirigente aliancista sostuvo que eso significa que a partir de la tasa promedio del dólar del 2018 al 2022, la cantidad ascendió a 2 mil 310.5 millones de pesos dominicanos.

Rodríguez precisó que bajo el presunción de no ocasionar “colas y retardos en los aeropuertos a los extranjeros que nos visitan sea para recreación o con fines comerciales, el gobierno de Danilo Medina, legalizó un hurto millonario en perjuicio de los emigrados nuestros que ha seguido implementando el presidente Luis Abinader”.

Enfatizó que se impone la presión de calle y considera acciones legales que derroten en el ámbito jurídico la ilegalidad del decreto 430/17, de la pasada y presente administración.