Por Milton Olivo
El debate sobre la posible explotación de oro en San Juan ha puesto en evidencia un elemento central que no puede ser ignorado: la confianza social. Más allá de consideraciones técnicas o económicas, la reacción de amplios sectores de la población encuentra su origen en una experiencia, la de Cotuí y la Barrick.
Durante los últimos años, la actividad minera ha tenido un impacto relevante en la economía dominicana. Según datos del Banco Central, el sector ha aportado entre un 1,5 % y un 2 % del producto interno bruto, además de constituir una fuente importante de exportaciones. Sin embargo, estos indicadores conviven con tensiones a nivel local que no han sido completamente resueltas.
En el entorno de la mina de Pueblo Viejo, en Cotuí, diversos procesos de reubicación de comunidades han generado debates sobre compensaciones, acceso a tierras productivas y sostenibilidad de los medios de vida. Para muchas familias, el traslado significó no solo un cambio de residencia, sino una ruptura con su base económica y social.
Un aspecto particularmente sensible en este contexto ha sido el tema de la propiedad. Aunque los procesos de adquisición de terrenos se alega están enmarcados en disposiciones legales, la percepción de numerosos residentes es que han enfrentado condiciones desiguales frente a actores con mayor capacidad económica y técnica. Este elemento resulta determinante.
El rechazo que en San Juan se manifiesta, no responde exclusivamente a preocupaciones ambientales ni a posiciones ideológicas. Responde, en gran medida, a una evaluación comparativa: la percepción de que, sin cambios sustanciales, podrían reproducirse las mismas condiciones que en Cotuí.
En este sentido, la viabilidad de cualquier proyecto minero no depende únicamente de estudios de factibilidad o de autorizaciones legales. Requiere, de manera imprescindible, legitimidad social. Por ello, la discusión sobre San Juan no puede abordarse de forma aislada.
La clave para reducir el rechazo social no se encuentra únicamente en presentar nuevas propuestas, sino en revisar y corregir las experiencias existentes. En particular, en atender de manera transparente y efectiva las situación existente en Cotuí, que fue la misma causa del rechazo en Bonao.
Esto implica evaluar los procesos de reubicación, fortalecer los mecanismos de compensación, garantizar condiciones reales para la continuidad de los medios de vida y, de manera especial, asegurar que los derechos de propiedad sean respetados no solo en su dimensión legal, sino también en su dimensión económica y social.
Solo a partir de ese proceso será posible reconstruir la confianza. San Juan no está rechazando el desarrollo en sí mismo. Está cuestionando un modelo que, desde su perspectiva, no ha demostrado ser plenamente equitativo.
En consecuencia, el desafío para el país no es únicamente decidir sobre la conveniencia de un proyecto específico. Atender las lecciones de Cotuí no es una opción secundaria. Es, en realidad, el punto de partida para cualquier discusión sería sobre el futuro de la minería en la República Dominicana.
milton.olivo@gmail.com
(El autor es escritor y analista geopolítico residente en Santo Domingo, República Dominicana).
