Washington.- En el Día Mundial para la Libertad de Prensa, la Relatoría Especial saluda a las y los periodistas de las Américas y reafirma su compromiso de respaldar el periodismo, desde la centralidad que cumple para los sistemas democráticos en el continente. La Relatoría aprovecha esta oportunidad para presentar su informe anual 2020, que compila los hechos más relevantes vinculados con la situación del derecho a la libertad de expresión en el hemisferio. Su propósito es entablar un diálogo constructivo con los Estados miembros de la OEA que visibilice los avances reportados, pero también los problemas y los desafíos afrontados durante el período.
La pandemia por COVID-19 ratificó la importancia del acceso a información de calidad y el papel esencial del periodismo como labor y como método para la convivencia democrática. Tal como señaló recientemente la Unesco, en momentos de crisis como este, la información puede ser una cuestión de vida o muerte.
Ante el creciente fenómeno de la «infodemia» del que alertó la Organización Mundial de la Salud, que dificulta que las personas encuentren fuentes confiables y orientación fidedigna cuando lo necesitan, el periodismo profesional y particularmente aquel que se ha esforzado por la calidad de la información, ha hecho una contribución esencial a la comprensión ciudadana de una pandemia global sin precedentes. Los tiempos actuales exigen que las democracias cuenten con una oferta de periodismo diverso, plural y en procesos constantes de profesionalización y búsqueda de la excelencia. Asimismo, la Relatoría invita a los Estados a prestar atención y proporcionar recursos para la alfabetización digital y medidas educativas que contribuyan a un uso autónomo, independiente y responsable de los contenidos.
El informe anual 2020 de la Relatoría resalta cómo la pandemia afectó y puso en riesgo el periodismo en las Américas, agravando los desafíos y problemáticas preexistentes. Numerosos periodistas y trabajadores de la prensa perdieron la vida en el ejercicio de su profesión debido al COVID-19 y, en algunos países, las y los reporteros perdieron su trabajo. La pandemia también acentuó las condiciones de informalidad laboral para los trabajadores de medios de comunicación. Durante los meses de cuarentena, la crisis económica de los medios de comunicación desencadenó medidas laborales drásticas, como despidos de periodistas, cierre total de medios o suspensión de ediciones impresas. La pandemia representó también una amenaza a la independencia editorial de los medios porque aumentó la vulnerabilidad frente a presiones económicas o la aplicación de «premios y castigos», tanto por parte de los gobiernos como de los anunciantes.
Durante 2020 se incrementaron algunas tendencias autoritarias en la región, que coinciden con un momento crítico para el periodismo tanto por razones de seguridad como de sostenibilidad económica. Algunos de los países del hemisferio han sido escenario de un constante hostigamiento y persecución del personal policial y parapolicial en contra de comunicadores y líderes sociales, quienes en algunos casos han sido encerrados en sus viviendas por dispositivos policiales que les impiden salir a la calle a reportear lo que sucede. Esta violencia desplegada por el Estado contra la prensa no ha sido sólo física sino también jurídica y simbólica, y confirma el temor de la autoridad estatal a la verdad y a la disidencia.
La prensa independiente, en su labor de registrar y difundir hechos y opiniones diversas en contextos de grave deterioro de las instituciones democráticas e intensificación de la represión, es un insumo irremplazable. El periodismo está llamado a ejercerse en función de la democracia y los derechos humanos, así como la democracia debe procurar estar acompañada del periodismo profesional. Para esta Oficina, recuperar y ampliar la capacidad del periodismo profesional es una tarea central de nuestro tiempo.
Detrás de estos sesgos autoritarios que asoman, preexisten y persisten graves patrones de violencia y de impunidad sobre delitos contra la prensa en las Américas. Al menos 19 reporteros fueron asesinados durante 2020 por motivos presuntamente vinculados con el ejercicio periodístico, cifra que se mantiene dentro de la tendencia creciente de la última década. Además, son de especial preocupación para la Relatoría las amenazas e intimidaciones y los discursos estigmatizantes por parte de líderes públicos contra periodistas, especialmente aquellos que investigan temas de alto interés público como corrupción o irregularidades en el manejo de fondos públicos en el contexto de la pandemia. Este tipo de señalamientos fomentan un clima de hostilidad hacia la prensa y contribuyen a la autocensura.
Adicionalmente, la Relatoría Especial siguió recibiendo información sobre una tendencia en la región en el uso de diversas tecnologías para monitorear a quienes se manifiestan a través de las redes sociales, afectando especialmente a periodistas. A ello se suman, además, la activación de mecanismos judiciales para vulnerar la reserva de fuentes periodísticas y la protección de fuentes y denunciantes o whistleblowers.
La Relatoría reconoce que hay resiliencia en el periodismo de las Américas. Al respecto, la Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha destacado que «[e]l periodismo independiente construye memoria, que como todas y todos los periodistas y trabajadoras de medios en la región, se resiste a la censura y se sobrepone a los ataques. Y esa memoria constituye una base fundamental para la democratización y la justicia que hoy exigen los estándares internacionales aplicables». El continente y sus desafíos en materia de Derechos Humanos requiere de protecciones especiales a la labor de la prensa.
La Relatoría agradece a los Estados, las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación por la información proporcionada durante el 2020, que ha contribuido a este informe anual, el vigésimo segundo que elabora esta Oficina desde su creación en 1997. Asimismo, aspira a que este documento pueda ser de utilidad para todos aquellos actores que busquen analizar y profundizar en las distintas problemáticas regionales sobre libertad de expresión y libertad de prensa.
Para acceder al Informe Anual 2020 completo, haga clic aquí.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.
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