Santo Domingo (República Dominicana).- La Red Socioambiental Nacional expresó su solidaridad con los campesinos de cinco comunidades de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, que se oponen a la construcción de una presa de cola por parte de la empresa minera Barrick Gold Pueblo Viejo.
La oposición se fundamenta en los graves daños que la construcción causaría a sus propiedades, al medio ambiente y a las fuentes de agua de la región.
Asimismo, la Red «condena enérgicamente las agresiones sufridas por los ciudadanos que ejercían su derecho a la protesta el miércoles 8 de enero, entre los cuales se encontraban sacerdotes que buscaban mediar en el conflicto. Estos hechos constituyen una violación a los derechos fundamentales de los comunitarios».
«La respuesta de la empresa minera a las demandas de los campesinos, que exigen respeto por sus bienes y propiedades, fue el despliegue de un contingente policial y militar con el objetivo de reprimir las protestas. Desde horas de la madrugada, la empresa demostró un uso desproporcionado de la fuerza. Mientras tanto, los campesinos de las comunidades de El Naranjo, Las Tres Bocas, Las Lajas, El Higo y Arroyo Vuelta, también se congregaron en el lugar para resistir las intenciones de la minera. Lamentablemente, esta confrontación resultó en varios heridos, incluyendo al sacerdote Jhony Durán, quien, junto a otros religiosos, intentaba mediar en el conflicto», indicó.
La Red Socioambiental Nacional sostiene que las actividades que afectan a las comunidades, particularmente las extractivas, deben contar con la llamada «licencia social», es decir, la aceptación de las comunidades locales, ya que estas actividades impactan directamente en sus intereses económicos y en su calidad de vida.
Agregó que el daño ecológico causado por una presa de cola es inmenso y perdura de manera indefinida. En esta zona, no solo está en peligro la vida humana, sino también la de todo el ecosistema, un costo que ningún monto de dinero puede compensar en cientos de años.
La red, conformada por diversas organizaciones ambientales y sociales, instó al gobierno a revisar los contratos y las concesiones mineras, priorizando un estudio exhaustivo del impacto ambiental tanto a corto como a largo plazo.
«El oro no constituye la principal riqueza del país; los dominicanos no se benefician de esta explotación, ya que las mineras se llevan los recursos y el dinero, dejando atrás desolación en zonas donde podrían florecer la producción agropecuaria, la preservación de las aguas y los ecosistemas», indican las organizaciones ambientalistas.
Asimismo, la Red Socioambiental Nacional indicó que se solidariza con el comunicado del Episcopado Dominicano y la Comisión de Ecología Integral de América Latina y el Caribe (CEILAC), perteneciente al Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM), que aboga por el respeto a la dignidad humana y la protección del medio ambiente.
