San Juan (Puerto Rico).- Legisladores y organizaciones dedicadas a la protección de derechos civiles rechazaron este miércoles el Proyecto del Senado 38, cuyo fin es permitir que más menores de edad sean procesados como adultos en delitos graves.
Asimismo, entidades como la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL), la Comisión de Derechos Civiles y el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), también manifestaron su oposición al Proyecto de la Cámara 807, que busca eliminar el requisito de agotamiento de remedios administrativos en los casos de faltas ocurridas en planteles escolares.
“Los Proyectos del Senado 38 y de la Cámara 807, al pretender armonizar la ley con el Código Penal de adultos y eliminar mecanismos restaurativos, desnaturalizan su propósito y vulneran tanto el ordenamiento local, como los estándares internacionales de derechos humanos”, expresó la presidenta del CAAPR, Vivian Godineaux Villaronga, durante la evaluación de la medida en la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes.
Mientras, la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL), aseveró que las piezas legislativas se tratan de “medidas reaccionarias a eventos aislados” en medio de recientes crímenes juveniles en la Puerto Rico, y reiteró que las consecuencias de ambas medidas serán criminalizar a la población juvenil al exponerlos a procesos menos garantistas que, incluso, los ubique en peor posición que la de un adulto sometido a un proceso penal.
“En la medida en que no hay una verdadera transformación de país si la niñez sufre hambre, sufre desamparo, sufre miedo, tampoco hay una verdadera transformación de país si seguimos permitiendo que nuestros menores de edad lleguen a una institución juvenil, y mucho menos a una institución de adultos”, manifestó Yahaira Colón, directora de la División de Asuntos Especiales y Remedios Post-Sentencia de la SAL.
De su lado, Ever Padilla Ruiz, director ejecutivo de la Comisión de Derechos Civiles, destacó que la experiencia de la entidad es que la mayoría de los menores que se enfrentan al sistema de justicia juvenil provienen de contextos marcados por la pobreza, la violencia intrafamiliar, bajos niveles educativos, con problemas en el desarrollo, entre otros patrones de delincuencia intergeneracional.
Las organizaciones insistieron en que los menores de edad no tienen el desarrollo psicosocial necesario para la toma de decisiones responsables, por lo que sus percepciones sobre los riegos que asumen y las consecuencias de sus acciones son limitadas.
“Más que criminalizar las conductas de los jóvenes, debemos enfocarnos en fortalecer la permanencia de los jóvenes en las escuelas desde un modelo de atención integral, que incluya aspectos educativos, psicológicos y sociales”, precisó Padilla Ruiz.
Agregó que “permitir que estas dos medidas legislativas sean aprobadas es retroceder muchos años en las luchas y en los derechos que hemos conquistado para nuestros menores”.
Sin embargo, el Departamento de Justicia respaldó el trámite legislativo de ambas piezas legislativas, al tiempo que describió el Proyecto del Senado 38 como una “loable medida” en su ponencia escrita.
Según los abogados de la agencia gubernamental que comparecieron a la vista pública, las medidas actuarían como una herramienta de protección para las víctimas de jóvenes transgresores y, a su vez, como un disuasivo para evitar que reincidan.
“Entendemos que también van acorde con darle protección a las víctimas. Si bien es cierto que la Ley de Menores el norte es la rehabilitación, pero también exigirles responsabilidad. También hay que proteger el orden público y hay que atender a las víctimas que también tienen sus derechos”, opinó el licenciado Luis Ramos Vélez, procurador de Asuntos de Menores en la Fiscalía de Arecibo.
La posición del Departamento de Justicia fue increpada por los representantes del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, y Adriana Gutiérrez Colón, quienes repudiaron la aprobación de ambos proyectos.
Los legisladores también advirtieron que el Proyecto del Senado 38 induce a error cuando en su exposición de motivos alude que busca atemperar las disposiciones de la Ley de Menores con el Código Penal del 2012.
A juicio de la representante Gutiérrez Colón, la legislación también amplía los delitos por los cuales un tribunal puede renunciar a su jurisdicción sobre un joven que sea mayor de 14 años y menor de 18 años, que se le impute una falta de clase III.
