San Juan (Puerto Rico).- El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) expresó su oposición a una medida legislativa que busca establecer garantías mínimas de pago, transparencia contractual y acceso equitativo a programas gubernamentales para trabajadores independientes o “freelancers”.
El Proyecto de la Cámara 936, de la autoría del representante Sergio Estévez Vélez, también persigue crear un “Fondo de Beneficios y Reconocimiento a Freelancers y Emprendedores”, pero el DDEC dijo que podría tener un efecto fiscal negativo sobre el presupuesto de la agencia al carecer de una fuente de financiamiento.
“El proyecto, según redactado, presenta ambigüedades relacionadas con la ausencia de una fuente específica de financiamiento para el Fondo propuesto… la existencia de programas vigentes que ya atienden objetivos similares, así como la creación de nuevas estructuras y requisitos regulatorios”, opinó Luis Méndez, asesor legal del DDEC.
La pieza legislativa fue evaluada este jueves en la Comisión de Pequeños y Medianos Negocios, presidida por el representante Estévez Vélez, con la intención de extender estas protecciones a los microemprendedores. Sin embargo, el DDEC indicó, en una ponencia escrita, que ya administra diversas ayudas para las pequeñas y medianas empresas (Pymes) que se nutren del Fondo de Incentivos Económicos.
Entre ellas, destacó que el Programa Capital Semilla contempla incentivos que pueden alcanzar hasta $15,000 para Pymes de nueva creación y hasta $35,000 para aquellas existentes. Explicó que el tope de dinero que puede ingresar a este fondo por año fiscal es $125 millones, los cuales se han utilizado en su totalidad en los últimos cinco años.
La pieza legislativa también incluye la creación de una Oficina de Apoyo a “Freelancers” y Emprendedores, que estaría adscrita al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) y tendría la facultad de imponer multas administrativas de entre $2,000 a $10,000.
Empero, la secretaria del Trabajo, María del Pilar Vélez, señaló que la medida no menciona qué responsabilidades tendría la agencia, ni qué ocurría cada día en que un comitente incurra en la misma violación.
Del Pilar Vélez aclaró que en relaciones obrero-patronales, los empleados tienen derecho a las protecciones amparadas en la legislación de trabajo, pero en caso de contratistas independientes, sus relaciones con la persona para la que realizan trabajo se rigen por las disposiciones sobre contratos contenidas en el Código Civil de Puerto Rico.
“Por tanto, los contratistas independientes o freelancers no están desprovistos de remedios cuando surgen incumplimientos por parte de los comitentes”, aseveró del Pilar Vélez al oponerse a la medida.
Por su parte, el presidente del Banco de Desarrollo Económico (BDE), Josué Rivera, advirtió que la legislación podría generar tensiones con el principio de libertad contractual al imponer términos uniformes a relaciones privadas diversas, así como con la distinción normativa entre relaciones laborales y comerciales.
Aunque reconoció la intención de la propuesta como loable, estimó necesario armonizar la medida con el marco legal vigente relativo a los empleados bona fide y contratistas independientes.
Una postura semejante fue compartida por el Centro Unido de Detallistas (CUD), cuyo presidente Ramón Barquín, opinó que “no existe una razón de peso que amerite que el gobierno intervenga en una relación puramente comercial entre partes privadas”.
La medida fue respaldada por la representante Lilibeth Rosas Vargas, quien manifestó que el sector de los “freelancers” y microemprendedores enfrenta a mayor escala los retos de los altos costos operacionales, la falta de acceso a créditos financieros y el exceso de reglamentación.
“Es importante que todo el país que aspire a un desarrollo económico adecuado pueda sentirse seguro con legislación como esta para reforzar el sector de los pequeños y medianos comerciantes y empresarios emergentes”, dijo Rosas Vargas
