San Juan (Puerto Rico).- La nueva propuesta de la Junta de Supervisión Fiscal para el pago de la deuda del gobierno es insostenible porque sus propios datos establecen que, aun si se logran los ahorros proyectados con la puesta en marcha de reformas estructurales, Puerto Rico se quedaría sin dinero en efectivo en el año 2029, aseguró Daniel Santamaría Ots, analista sénior de Política Pública de Espacios Abiertos.
Santamaría Ots dijo que inicialmente la propuesta de la Junta de octubre de 2020 de un pago de deuda de entre 1.050 millones a 1.100 millones y un efectivo inicial de 5.983 millones —aunque insostenible— podría parecer un alivio frente a un panorama en el que Puerto Rico estuviera fuera de un proceso de reestructuración que conllevaba entre 3.000 y 3.500 anuales.
Sin embargo, la situación se agrava porque se destinan desde el 2017, 2.300 millones anuales en pensiones ‘PayGo’ y se suma un pago adicional con propiedades del gobierno como exige la aseguradora Ambac Assurance Corp.
«Esta nueva propuesta, todavía no oficial, conllevaría pagos anuales de entre 1.150-1.300 millones (del gobierno central más el pago de COFINA) durante 20 años (hasta 2041) y pagos anuales de 991 millones (resto de COFINA) entre 2042 y 2058. Con el nuevo pago de 2.300 millones anuales en pensiones (‘PayGo’), se deja al Fondo General en una situación de estrés similar al periodo anterior a la reestructuración», observó Santamaría Ots.
El economista indicó que la nueva propuesta, significaría un recorte al principal de la deuda que oscilaría entre el 55-58%, muy inferior al propuesto en octubre de 2020 que oscilaba entre el 66-69%.
«Si el escenario base de la propuesta de modificación de ajuste fiscal de la deuda propuesta en octubre de 2020 por la Junta, resultaba en un déficit fiscal primario ajustado acumulado a 10 años: -3.568 millones (déficit de caja acumulado a 10 años de -1.109 millones iniciando en 2029), hay que preguntarse cómo Puerto Rico va a pagar su deuda con la todavía más complaciente propuesta actual», expresó el analista sénior de Política Pública de Espacios Abiertos.
Recalcó que este escenario se basa en proyecciones optimistas de los ahorros con las reformas estructurales (8.976 millones en 10 años) y las conservadoras proyecciones de la contracción de la economía debido a las medidas de austeridad que propone la Junta.
«La pregunta fundamental aquí es qué va a pasar si esas proyecciones no se cumplen, qué servicios esenciales del presupuesto piensan recortar para pagar una deuda claramente insostenible», cuestionó Santamaría Ots.
Afirmó que para el año fiscal 2022, ya la Junta de Supervisión Fiscal propone un recorte de 23.5 millones respecto al presupuesto del Fondo General certificado en el año fiscal 2021.
Comentarios sobre post