Santo Domingo (República Dominicana).- La procuradora general de la República instruyó a todos los miembros, funcionarios y servidores del Ministerio Público a canalizar sin demora la ejecución de las decisiones judiciales, incluidas las del Tribunal Constitucional (TC) para evitar caer en desacato.
Miriam Germán Brito, en un acto de instrucción general, llamó a dar completo cumplimiento a las decisiones ejecutorias emanadas de los tribunales, sin que esto signifique renunciar a la opción de recurrir en apelación en los casos que lo demanden.
La magistrada conminó a canalizar sin retraso la ejecución de las sentencias civiles o de otro carácter mediante el auxilio de la fuerza pública.
La procuradora general también ordenó ejecutar inmediatamente, de oficio o a requerimiento de parte interesada, las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, que tienen la particularidad de ser definitivas e irrevocables.
“El incumplimiento de estas disposiciones, amparadas en la Constitución y las leyes, generará sanciones disciplinarias”, advirtió Germán Brito.
En un documento remitido a procuradores, procuradores fiscales, fiscalizadores, así como a funcionarios y servidores del Ministerio Público, la magistrada resalta que la ejecución de las decisiones jurisdiccionales forma parte del derecho fundamental de la ciudadanía a la tutela judicial efectiva, establecido en los artículos 69, 149 y 184 de la Constitución.
Agrega que la Ley Orgánica del Ministerio Público (133-11), en su artículo 26, incluye entre las atribuciones de ese órgano “canalizar la ejecución de las sentencias y decisiones judiciales mediante el auxilio de la fuerza pública”.
También recuerda que, con anterioridad, el Tribunal Constitucional ha reprochado al Ministerio Público por el incumplimiento de las decisiones ejecutorias, lo que esa alta corte ha calificado de “un verdadero desacato” y “un acto de arbitrariedad”.
El dispositivo firmado por Germán Brito advierte que la demora o incumplimiento de parte de representantes del Ministerio Público que, en consecuencia, genere daños o perjuicios a las personas o al Estado será sancionado por la vía del Régimen Disciplinario de ese órgano, sin descartar las acciones penales que procedan.
La magistrada alertó que adoptará las medidas pertinentes contra quienes, por haber retardado o desacatado una decisión judicial, causen perjuicio económico a la institución, por concepto de reintegro de valores o de patrimonio a los afectados.
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