Santo Domingo (República Dominicana).- El procurador adjunto Wilson Camacho valoró este lunes la decisión de los jueces de la Tercera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que fusiona tres recursos de apelación de los imputados por presunta corrupción administrativa del caso Coral 5G.
Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), expresó que “la decisión del tribunal de fusionar las tres apelaciones del caso Coral 5G es una decisión apegada a derecho. La norma permite que se realice esta fusión, y eso permite, incluso, que en una sola audiencia se puedan conocer los tres recursos y que el tribunal pueda decidir sobre cada uno de los planteamientos de las partes en una única audiencia”.
El procurador habló con periodistas después de que el tribunal de alzada acogiera la petición del Ministerio Público y rechazó la solicitud de los abogados de defensa de los encartados para que los recursos de apelación contra la prisión preventiva que les fue impuesta por su vinculación al caso Coral 5G se conocieran en audiencias separadas.
Los recursos de apelación fueron interpuestos por el general Juan Carlos Torres Robiou (de la Fuerza Aérea Dominicana), el mayor José Manuel Rosario Pirón (de la Policía Nacional) y el coronel de la Fuerza Aérea Yeudy Blandeamil Guzmán Alcántara.
Los jueces Pedro Sánchez Rivera, presidente; Daniel Julio Nolasco y Mariana Daneira García Castillo, de la Tercera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, aplazaron la audiencia para el lunes 28 de febrero, a las 10:00 de la mañana.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso en diciembre pasado medidas de coerción a 13 vinculados por el Ministerio Público a la red de corrupción administrativa Coral 5G y declaró el caso complejo.
La prisión preventiva por 18 meses les fue impuesta a los generales Boanerges Reyes Batista (de la Armada de República Dominicana) y a Juan Carlos Torres Robiou (FARD), mientras que en otra audiencia recibió la misma medida el general Julio Camilo De los Santos Viola, también de la Fuerza Aérea.
Por su vinculación al caso también cumplen prisión preventiva el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores (de la Armada Dominicana).
Mientras, en arresto domiciliario están el coronel Miguel Ventura Pichardo (FARD), Esmeralda Ortega Polanco, César Félix Ramos Ovalle, la primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, y al teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez.
Al coronel Carlos Augusto Lantigua Cruz y al teniente coronel Kelman Santana Martínez (ERD) le fue impuesta presentación periódica e impedimento de salida del país.
El tribunal dispuso que la prisión preventiva sea cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.
Durante la ampliación de las investigaciones contra los integrantes del entramado de corrupción el Ministerio Público dijo que ha logrado obtener diferentes documentos de bancos, títulos de propiedad, bienes inmuebles que han sido decomisados y otros elementos probatorios.
La red de presunta corrupción desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G movió al menos 4.500 millones de pesos, según ha establecido el Ministerio Público en el transcurso de las pesquisas.
En el proceso el Ministerio Público ha aportado casi 100 testigos y ha presentado más de 15 mil páginas de evidencias irrefutables contra involucrados en el caso.
Durante las investigaciones a los oficiales de los cuerpos castrenses les han ocupado unas 125 propiedades.
La Operación Coral 5G se ejecutó el pasado año con 49 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega, en una acción sincronizada dirigida por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, responsables de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca.
El Ministerio Público indicó que estas nuevas acciones contra la corrupción administrativa se suman a las realizadas por la Operación Coral, por la que también desde mayo pasado cumplen prisión preventiva de 18 meses varios miembros de la Policía Nacional y organismos castrenses.
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