Santo Domingo (República Dominicana).- La jueza Kenya Romero, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso este martes prisión preventiva contra el exministro de la Presidencia, José Ramón Peralta, y el de Hacienda, Donald Guerrero, a quienes el Ministerio Pública vincula con una presunta red de corrupción que distrajo del Estado dominicano más de 19 mil millones de pesos.
Al mismo tiempo, la juez Romero declaró complejo el caso.
En su decisión, la magistrada dictó 18 meses de prisión preventiva en contra de los exministros Guerrero, y Peralta, quienes deberán cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Mientras, al exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, Romero dispuso arresto domiciliario, una garantía económica de 20 millones de pesos e impedimento de salida del país.
Por otra parte, la procuradora adjunta y directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso, dijo que la decisión de la jueza Romero, quien consideró que había prueba suficientes para imponer medidas coercitivas a los 20 imputados en la red de corrupción y la declaratoria de complejidad del proceso, demuestra la solidez del expediente presentado por el Ministerio de Público.
“Pensamos que la decisión del tribunal corrobora lo que ha dicho el Ministerio Público de la seriedad y de la contundencia de la investigación. Prácticamente todas las barras tenían hasta tres abogados, pero les fue imposible obtener ni una sola ganancia de incidentes. En virtud de la tutela al debido proceso, la gran cantidad de pruebas y la consistencia de la investigación realizada por el Ministerio Público. La decisión que ha dictado la magistrada, que varió algunos de los pedimentos que ha solicitado el Ministerio Público, argumentando en algunos casos situaciones de salud, de expedientes médicos, y situaciones familiares que presentaron algunos de los imputados a los que se les varió el pedimento de la prisión preventiva que había hecho el Ministerio Público”, expresó Reynoso.
La directora de Persecución destacó además el hecho de que el tribunal rechazara todos los pedimentos de puesta en libertad pura y simple, bajo el argumento de que no había vinculación, ya que las pruebas de la solicitud de medida de coerción, luego de la presentación de la investigación que hiciera el Ministerio Público, “son más que suficientes para esta etapa, “es decir que todas esas solicitudes fueron absolutamente rechazadas”.
Reynoso, que estuvo acompañada en audiencia por el procurador adjunto titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, y por los procuradores fiscales Miguel Crucey, Miguel Collado, Rosa Ysabel, Rosa Alba García, Melbin Romero Suazo, Arolin Lemos, Elvira Rodríguez, Héctor García, Marinel Brea, Andrés Mena y Jhensy Víctor, mencionó cada uno de los argumentos presentados por las defensas y que no fueron acogidos por el tribunal.
Precisó que esta investigación continúa en curso y que como lo ha indicado la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, todo el que haya cometido un ilícito será llevado ante los tribunales.
“En relación a si habrá más imputados, esta es una investigación en proceso, la política de este Ministerio Público, que dirige la magistrada Miriam Germán Brito, es que todo aquel que haya comprometido su responsabilidad penal será perseguido por el Ministerio Público, de acuerdo al Estado de derecho, pero haciendo todo el esfuerzo que este equipo hace, prácticamente, de trabajar 18 horas al día para trabajar casos fuertes”, ratificó.
De otra parte, la directora de Persecución del Ministerio Público señaló que en las próximas horas el órgano persecutor solicitará a la Suprema Corte de Justicia un juez especial que conozca los hechos que relacionan al diputado Sergio Moya, mencionado en el Caso Calamar.
“Todo contra quien el Ministerio Público tiene pruebas, con relación a ese legislador que usted refiere, en las próximas horas el Ministerio Público va a solicitar juez instructor a los fines de que se inicie de manera formal la investigación”, dijo Reynoso a los periodistas luego de la lectura de la decisión sobre la solicitud de medida de coerción contra los imputados en Operación Calamar, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
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