La Altagracia (República Dominicana).- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de este Distrito Judicial dictó tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra el capitán de una yola arrestado el 3 de abril, cuando presuntamente se proponía trasladar ilegalmente a Puerto Rico, a 35 dominicanos, incluido un menor.
El Ministerio Público informó que logró la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Altagracia acogiera su solicitud en contra de Kilvio Rafael Colón y/o Kilvio Rafael Colón Taveras, quien guarda prisión en la cárcel pública del municipio de Higüey.
A través de un comunicado de prensa explicó que la investigación del caso es realizada por la Fiscalía de La Altagracia, con la asistencia de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas, y la colaboración de la Armada de la República Dominicana, otorgándole al caso la calificación jurídica de tráfico ilícito de migrantes en el grado de ejecución, los cuales se encuentran tipificados y sancionados en las disposiciones de los artículos: 1 (letras f y h), 2 y 7 (letra c), de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
En torno al caso, hace constar en la solicitud de medidas de coerción, que alrededor de las 6:30 de la tarde del pasado 3 de abril, fueron rescatadas 35 personas de nacionalidad dominicana, encontradas a bordo de una embarcación tipo yola, sin nombre, aproximadamente a 17 millas náuticas de Cabo Rojo, Puerto Rico. Señala que una vez se hicieron las entrevistas correspondientes, se pudo establecer que se trataba de un viaje ilegal.
La instancia agrega que Taveras Colón estaba al frente de la embarcación que se dirigía desde la playa de la provincia La Altagracia hacia Puerto Rico, utilizando pasos migratorios no formales, evitando el cumplimiento de los controles migratorios existentes y la detección por parte de las autoridades, violentando por ende la seguridad y soberanía del Estado dominicano, a cambio de recibir un beneficio económico de forma directa; no logrando su objetivo de llegar a Puerto Rico por la intervención de la Guardia Costera de los Estados Unidos.
Las investigaciones establecen que para realizar el viaje cada persona debía pagar altas sumas de dinero que oscilaban entre un máximo de hasta US$2,000.00 a US$5,000.00 dólares americanos.
El Ministerio Público indicó que las evidencias documentales y testimoniales recolectadas en el transcurso de la investigación llevada a cabo por este caso vinculan al encartado con el delito de tráfico ilícito de migrantes.
Destacó que junto a los demás organismos seguridad del Estado y la cooperación internacional, continúan dando golpes contundentes al tráfico ilícito migrantes en el país.
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