Santo Domingo (República Dominicana).- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Montecristi impuso un año de prisión preventiva, como medida de coerción, a un agente migratorio y a un chofer que cobraron sobornos a migrantes indocumentados a los que, además, traficaron en un vehículo oficial.
La medida le fue impuesta al agente migratorio Gustavo Adolfo García Vásquez y al chofer Joel Antonio Castillo Reynoso, de la Dirección General de Migración (DGM), ambos adscritos al Departamento de Interdicción Migratoria con asiento en Puerto Plata.
En la audiencia el Ministerio Público estuvo representado por la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), junto a los fiscales Elizabeth Paredes Ramírez, Yoneivy Alfredo González Mueses y Ernesto Guzmán Alberto, quienes demostraron que los imputados carecen de arraigos que justifiquen otra medida diferente a la prisión preventiva.
Los fiscales de la Pepca han establecido durante la investigación que los hechos ocurrieron el pasado 19 de junio cuando los ahora procesados tenían la misión de trasladar en un camión de la DGM a 32 ciudadanos haitianos indocumentados (31 hombres y una mujer) desde el Centro de Interdicción Migratoria de Puerto Plata hacia el Centro de Procesamiento Migratorio de Dajabón, de donde se procedería con su deportación.
Luego de cumplir con esa misión, pese a que no estaban autorizados a montar en el vehículo a ningún tipo de persona a su regreso, ambos fueron sorprendidos mientras transportaban a otros 22 ciudadanos haitianos indocumentados, incluyendo menores de edad, cuando retornaban a Puerto Plata, siendo arrestados en flagrante delito.
Su detención fue ejecutada por miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta e Interagencial localizada en el paraje Copey, del municipio Pepillo Salcedo, en la provincia Montecristi.
El expediente detalla que el vehículo utilizado para interdicciones migratorias, un camión marca Shacman, color blanco, resultó sospechoso al venir cargado de migrantes haitianos en sentido opuesto a la ruta que lleva al Centro de Procesamiento Migratorio de Dajabón, lugar donde horas antes de ese mismo día el camión había dejado a los 32 nacionales haitianos indocumentados que fueron trasladados desde Puerto Plata.
Al ser cuestionados en el Control Migratorio de la provincia Montecristi sobre qué llevaban en el camión, García Vásquez y Castillo Reynoso respondieron que nacionales haitianos, presentando un perfil sospechoso al mostrarse inquietos y nerviosos, siendo en esas circunstancias que se procedió al registro del vehículo de carga, encontrando sentados en la cama del camión (parte trasera) los veintidós indocumentados que transportaban a su regreso a Puerto Plata.
Tras requerirles a esas personas que mostraran las documentaciones que acreditaban la legalidad en el país, respondieron que no tenían documentos. Dos de ellos informaron que tenía un patrón esperándolo en Puerto Plata y que iba a pagar la cantidad de RD$22,000 y otro RD$24,000. En el proceso se estableció que todos se encontraban en estatus migratorio irregular por no contar con visas u otros documentos legales, siendo los mismos detenidos para agotar el procesamiento migratorio correspondiente.
En el proceso se descartó que los 22 extranjeros fueran detenidos en los operativos rutinarios de interdicción migratoria, puesto que no figuran en los listados oficiales levantados al efecto.
El Ministerio Público explicó que los imputados, apoyándose en su condición de empleados de la institución pública y de las herramientas de trabajo puestas a su disposición, las utilizaron para traficar personas con estatus migratorio irregular a cambio del pago de sobornos.
Por el traslado ilícito se realizarían pagos de entre RD$12,000 y RD$40,000 por persona, entregados en efectivo o mediante transferencias, generalmente gestionados por familiares en Haití o en República Dominicana.
En otros casos, el traslado ilícito de migrantes se produjo luego de que los ciudadanos haitianos fueran contactados a través de redes sociales o mediante agencias de viaje que ofrecían ingresos al país u otros destinos sin requisitos legales, señala el expediente.
La jueza Javierca Gómez dispuso el cumplimiento de la prisión en la cárcel pública de Montecristi.
