Santo Domingo (República Dominicana).- El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional fijó para el jueves 14 de octubre, a las 3:00 de la tarde la lectura del fallo del caso Odebrecht.
Las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo cerraron cerca del mediodía formalmente los debates del proceso contra los acusados por los sobornos y se retiraron a deliberar.
La audiencia de este jueves se inició a las 9:00 de la mañana, con las declaraciones del exsenador Tommy Alberto Galán Grullón, de la provincia San Cristóbal, quien hizo uso de su defensa material hasta alrededor de las 10:30 de la mañana.
Después de un receso de 10 minutos, correspondió el turno al imputado Juan Roberto Rodríguez Hernández, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), quien concluyó poco tiempo después a las 10:50 de la mañana.
Tras concluir Rodríguez Hernández con su discurso, inmediatamente inició con su defensa material el coimputado Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, quien finalizó sus planteamientos próximo al mediodía.
En la audiencia del pasado lunes declararon los imputados Ángel Rondón Rijo, representante empresarial de Odebrecht; el exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, y luego continuó Andrés Bautista García, expresidente del Senado.
En jornadas anteriores, durante su discurso de clausura, el Ministerio Público pidió al tribunal condenas de 10 años de prisión para los coimputados Rondón Rijo y Díaz Rúa, siete años para Pittaluga Arzeno y cinco años de reclusión para Bautista García, Galán Grullón y Rodríguez Hernández.
De igual manera, solicitó que cada uno pague una multa de 200 salarios mínimos y que el tribunal ordene el decomiso de bienes en favor y provecho del Estado y el pago de las costas del proceso, además de que se les varíe la medida de coerción por prisión preventiva.
El Ministerio Público acusa a los procesados de incurrir en los delitos de sobornos a funcionarios y legisladores, lavado de activos producto de infracciones graves, soborno en el ejercicio de la función pública, enriquecimiento ilícito y falsedad en las declaraciones juradas, así como complicidad en el soborno a funcionarios.
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