Derecho a tener derechos

Pasando Revista

Por Rafael Polanco

A pocos días de finalizar un año que ha sido una tragedia para la humanidad y que sin dudas mueve a preocupación a cualquiera, después de más de 47 años de ejercicio profesional de la comunicación, de estudiar tres carreras a nivel superior y haber de vivido 67 años, casi 68, he decido exponer una situación que afecta a mi familia y que le sucede al menos a otros tres colegas que han puesto sus casos en manos del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y sabrá Dios a cuantos otros ciudadanos.

Sucede que, en 1983, fuimos beneficiados con la asignación de un apartamento del INVI por su director de la época, ingeniero Pedro Bonilla Mejía, padre del actual titular del organismo, Carlos Bonilla Sánchez, a través del entonces Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales (SNPP) en el proyecto habitacional Invivienda Santo Domingo.

Dicho apartamento terminó de ser construido en julio de 2000, al echarse las palomas en la transición entre el gobierno del doctor Leonel Fernández Reyna y el ingeniero Rafael Hipólito Mejía Domínguez, pero el encargado de proyectos sociales del INVI, José Rivas García, desapareció nuestro expediente y se robó nuestra vivienda.

Desde entonces, junto a mi familia, iniciamos una lucha legal que culminó con una sentencia del Tribunal Constitucional, en septiembre de 2018, que ordena a las autoridades del INVI entregarnos nuestra vivienda que actualmente es ocupada por un oficial superior de la Armada Dominicana, quien alega haberla comprado, que, en caso de ser cierto, no se percató que se trataba de una propiedad ajena.

El fallo fue desacatado por las autoridades anteriores y las actuales del INVI, a pesar de los esfuerzos que hemos realizado, con el apoyo de la presidenta del CDP, Mercedes Castillo, del secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), José Beato y los colegas y amigos Aurelio Henríquez y Olivo de León, quienes nos han acompañado en múltiples gestiones frente a los pasados y actuales incumbentes.

Pensamos que a finales de octubre de este año había llegado el final de nuestra odisea legal, pues la presidenta del CDP nos sugirió hacerle una carta al presidente Luis Abinader Corona, quien recibiría una comisión del gremio esa semana, prometiéndome entregarla al mandatario, como efectivamente hizo.

Al salir del encuentro con el presidente de la República, tanto Castillo como Aurelio nos llamaron muy alegres, diciéndonos: ya Abinader tiene su caso, lo puso en manos del periodista Daniel García Archibald, director de prensa del Palacio Nacional y esperemos una pronta solución.

Transcurrido casi dos meses de ese encuentro, al colega y amigo García Archibald no le ha alcanzado el tiempo ni para una llamada o enviarnos un mensaje dando cuenta de qué ha hecho con nuestro expediente. Ignoramos si ha sido tramitado hacia el INVI o si está engavetado, como ocurre cuando no hay interés o no atención en resolver las cosas.

Me creé una falsa expectativa, hubiera deseado mejor una llamada en la que se me indicara ¨no jodas con eso¨, al menos tendría la satisfacción de que, aunque no se resolviera mi reclamo, se le puso caso.

De nada ha servido una sentencia del tribunal llamado a garantizar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, ni que el caso, muy a mi pesar, haya tenido que llegar a manos del jefe del Estado, una persona con tantas ocupaciones prioritarias y que me atreví a molestar a través de la comisión del CDP que le visitó, porque he llegado al convencimiento de que tengo derecho a tener derechos.

Precisamente porque creemos tener derecho a tener derechos nos atrevemos a hacer público el contenido de la misiva dirigida al presidente Abinader Corona que le fuera entregada por la presidenta del CDP y, que nos disculpe si lo considera una imprudencia, pero estamos acostumbrados a hacer las cosas de cara al sol.

Por esa razón, queremos que se entienda que no andamos en busca de privilegios, sino de que se nos respete el derecho que nos ha sido vulnerado por largos años y, a pesar de las recomendaciones para que nos olvidemos de lo legal y actuaciones conforme a las circunstancias, hemos preferido actuar en el marco de la ley. El texto es el siguiente:

Santo Domingo, R. D.
26 de octubre 2020

Excelentísimo
Señor presidente
Lic. Luis Rodolfo Abinader Corona
su despacho Ciudad

Su excelencia:

Me apena mucho ocupar su tiempo para hacerle una solicitud personal, pero no me han dejado otro camino, después de 20 años de gestiones infructuosas en la búsqueda de lograr que me sea entregado, por parte del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), un apartamento obtenido con todas las de la Ley, sin apelar a privilegios o tráfico de influencias, acciones de la que nunca he hecho uso en mis 47 años de ejercicio profesional como periodista.

A esta misiva le estoy anexando documentos que datan de abril de 1983, año en que el INVI, durante la gestión del ingeniero Pedro Bonilla Mejía, padre del actual director de ese organismo, asignó al suscrito y su familia, el apartamento 1-D, edificio 18, de la manzana 4698, en el proyecto Invivienda Santo Domingo, a través del entonces Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales (SNPP), ahora convertido en Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).

Tres años después, en julio de 1986, el saliente gobierno del fallecido doctor Salvador Jorge Blanco nos entregó, al igual que todos los adquirientes, nuestro título de propiedad, a los fines de que pudiéramos disfrutar la vivienda en el momento en que la misma fuera concluida por el Estado o por nosotros. El título original está en nuestro poder. Anexo copia.

El apartamento fue terminado en julio de 2000, en la transición del gobierno del doctor Leonel Fernández Reyna al del ingeniero Hipólito Mejía Domínguez, pero en vez de entregárnoslo el entonces encargado de Proyectos Sociales de esta institución, licenciado José Rivas García, se lo auto asignó, en franca prevaricación.

Instalado el gobierno del ingeniero Mejía Domínguez, procedimos a reclamar al ingeniero Juan Vargas Monción, director de esta entidad en el período 2000-2004, nos lo entregara, pero éste dispuso asignarnos, en permuta, otra vivienda, la cual luego resultó que figura en sus archivos como propiedad de otras dos personas, lo que nos impidió saldarlo cuando hicimos gestión en ese sentido.

Por esa razón, iniciamos un proceso legal que culminó con una sentencia, en septiembre de 2018, del Tribunal Constitucional, que le ordenó al INVI entregarnos nuestro apartamento, no obstante, la administración pasada no acató el fallo, pese a estar penalizada con un astriente de cinco mil pesos diarios en nuestro favor, por cada día transcurrido a partir de su notificación y que a la fecha supera un acumulado de más de tres millones de pesos.

No valió la mediación del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), a través de la licenciada Mercedes Castillo, su presidenta, del licenciado Aurelio Henríquez y el SNTP, en la persona de su secretario general, licenciado José Beato, por lo que ambos gremios procedieron a denunciar, en noviembre de 2019, el abuso cometido por la dirección del INVI en perjuicio de nuestra familia.

La sentencia que nos reconoce nuestro derecho de propiedad está marcada con el número TC-0428-18, del Tribunal Constitucional, cuyo dispositivo le anexamos

Instalado su gobierno, el pasado 16 de agosto, procedimos, el tres de septiembre último, a depositar una carta al ingeniero Carlos Bonilla Sánchez, actual titular del INVI, que, hasta el momento, parece no se ha enterado. Anexo copia de la misiva y del acuse de recibo.

Por todo ello y dado que el apartamento está siendo usufructuado de manera ilegal por un oficial superior de la Armada Dominicana, apelamos a usted, en su condición de jefe de la Administración Pública, para que instruya a los fines de que se cumpla la sentencia que pondría fin a 37 años de calvario del suscrito y su familia e igualmente, ordene al INVI que proceda a liquidar los recursos derivados del astriente, por el incumplimiento de la sentencia que nos ampara.

Como dicen los abogados y haréis justicia.
Atentamente

(El autor es periodista y politólogo residente en Santo Domingo, República Dominicana).