Santo Domingo (República Dominicana).- El presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), Boris de León, consideró que el gobierno debe acompañar las medidas que está adoptando para afrontar el impacto de la crisis en Medio Oriente, con otras que generen incentivos para una mayor inversión, creación de empleos y productividad en el sector privado.
De León expresó su confianza de que el gobierno trabajará en paralelo para avanzar las reformas estructurales pendientes que tiene el país y citó entre estas el pacto fiscal y la aprobación de un Código de Trabajo moderno, que entiende son alianzas que tienen que ver con un fundamento muy práctico, como es la competitividad de la economía dominicana.
Comentó que que la ANJE ha identificado algunos incentivos que pueden irse impulsando sin necesidad de hacer una reforma fiscal, como lo es el reconocimiento de la situación que existe en el ámbito de la regulación de las Mipymes, y señaló que el país tiene una ley de fomento de Mipymes que establece una clasificación de cuáles son las micro, las pequeñas y las medianas empresas.
Sin embargo, de León asegura que el régimen simplificado de tributación, que es el que está dado precisamente para facilitar el acceso al sistema tributario de los pequeños empresarios, no es compatible con la clasificación oficial de las Mipymes.
«Lo cierto es que el gobierno está enfrentando retos importantes que son derivados de estos eventos externos que naturalmente requieren ejercicios como el que se ha planteado, ejercicios de consenso con el sector privado, porque una buena gobernanza no se puede lograr sin escuchar a los distintos sectores sociales, sobre todo en un contexto de incertidumbre», adujo el dirigente empresarial entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa «Esferas de Poder», que se transmite los domingos por RNN Canal 27.
De León expuso que evidentemente esto no estaba en los planes para este 2026, sino que ha sido una situación que ha tenido que ser enfrentada y el gobierno ha dado pasos de avance en el sentido de que ha impulsado un plan inicial para contener los efectos de esta crisis internacional.
«Nosotros ya tenemos muchas informaciones, estadísticas, diagnósticos de cómo está la economía, sabemos cuál es el impacto de la informalidad, sabemos que necesariamente hay que aumentar la base tributaria antes de abocarnos a una reforma fiscal que aumente tasas», manifestó el presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios.
Sostiene que según la clasificación oficial de Mipymes, que es indexada cada año por el Ministerio de Industria y Comercio, puede tener una facturación de 80 millones de pesos y sigue considerándose como pequeña empresa y observó que una mediana empresa puede facturar hasta más de 300 millones de pesos y sigue considerándose una mediana empresa, por lo que continúa estando en el régimen que el gobierno está llamado a promover.
«En cambio, tenemos entonces una distorsión de 20, 30, 40, 50, 200 millones de pesos en lo que es la previsión que establece el régimen simplificado de tributación versus la previsión de la ley de fomento de Mipymes», adujo.
Sin embargo, De León manifestó que el sector privado sigue confiando en la economía dominicana, sigue invirtiendo, y lo que está haciendo es abogar por señales más claras y reglas más concretas, que tengan una visión de más largo plazo.
El presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios sugierió en la reforma del Código de Trabajo no eliminar la cesantía pero sí establecer mecanismos alternativos dependiendo de las distintas categorías de empresas que ya están por ley llamadas a ser fomentadas.
Considera que el país tiene una oportunidad de mejorar notablemente la regulación del Código de Trabajo para ser más competitivos y productivos desde un enfoque regional. «Al ser una oportunidad estratégica, debe entonces ponderarse cuáles mejoras o cuáles flexibilidades se podrían incorporar».
Afirma que 30 años son suficientes para acumular una experiencia y poder identificar las oportunidades de mejora de la normativa, porque se han implementado otras legislaciones que también tienen que ser tomadas en cuenta al momento de discutir una reforma integral sobre el ámbito laboral.
«Por ejemplo, tenemos una Ley de Seguridad Social del año 2001, la Ley 87-01, que tiene entonces también más de 20 años de implementación y que a la vez se encuentra en un proceso de revisión también. O sea, no tan avanzado como el del Código de Trabajo, pero que ya ha sido puesto sobre la mesa por la Sisalril», acotó.
