Santo Domingo (República Dominicana).- El presidente Luis Abinader creó una comisión consultiva, con carácter honorífico, con el objetivo de revisar y redactar los instrumentos normativos propios del ámbito administrativo, contencioso-administrativo y contencioso-tributario, a ser sometidos a la consideración del Presidente de la República.
Mediante el decreto 33-21, Abinader señala que la comisión, conformada por juristas especializados en derecho público, adscrita a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, prestarán sus servicios profesionales actuando de forma colegiada, o de manera individual en función de sus respectivas especialidades, previa solicitud del Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo o del miembro de la comisión que se designe coordinador de la misma.
El artículo 4 del decreto indica que la comisión consultiva estará integrada por: Sigmund Freund Mena, quien fungirá como coordinador de la misma; Víctor Leonardo Rodríguez, Rita Soriano Cabrera, Juan Manuel Guerrero de Jesús, Jesús Francos Rodríguez, Yorlin Lissett Vásquez Castro, Franklin E. Concepción Acosta, Frinette Padilla Jiménez, A lejandro Peña Núñez, Katherine Díaz Fernández, Alejandro Peralta Melo, Andrés Atacio, Marcos F. Masso Garrote, Gilbert M. De la Cruz Álvarez y Pedro Luis Montilla Castillo.
En uno de sus considerandos del decreto 33-21 el mandatario expresa que por imperativo constitucional, es función esencial del Estado la protección efectiva de los derechos de la persona, lo que le impone la labor, entre muchas otras, de crear el marco normativo necesario para el establecimiento de las prerrogativas de los individuos frente a la administración, las garantías procesales para la salvaguarda de tales derechos y el diseño institucional necesario para el correcto funcionamiento de tales garantías.
También señala que para el correcto ejercicio de estos derechos, es necesario continuar la configuración de un sistema normativo coherente y razonable en el ámbito del derecho administrativo, tanto en lo que tiene que ver con los procedimientos en sede administrativa como aquellos que se tramitan en la fase jurisdiccional.
Asimismo, expresa que para el fin enunciado resulta oportuno conformar una comisión integrada por especialistas del derecho público, a fin de que coadyuve con la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo en las labores de revisión de las leyes y reglamentos, así como elaboración de propuestas de tales actos normativos en el ámbito administrativo, contencioso-administrativo y contencioso-tributario, a ser sometidos a la consideración del Presidente de la República.
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