Santo Domingo (República Dominicana).- El Ministerio Público presentó, a través de la Dirección General de Persecución, la acusación formal contra Isidoro Rotestán Clase «El Men», y otras doce nuevas personas que presuntamente formaban parte de la red de narcotráfico internacional desmantelada el pasado año mediante la Operación Búfalo NK.
La instancia fue presentada ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, junto al procurador de corte Héctor García Acevedo y los fiscales Miguel Collado, Enmanuel Ramírez y Jonathan Pérez Fulcar.
En la fase inicial del proceso fueron acusadas diez personas, de las cuales nueve admitieron los hechos y fueron condenadas mediante procedimiento penal abreviado, una muestra de la fortaleza de la investigación desarrollada por el Ministerio Público.
Además de Rotestán Clase, el expediente incluye a Joelvis Idelfonso Montero Pérez, Francisco Morrobel Pérez, Cristino Rotestán Clase, Braulio Rotestán Clase, Johnny Casimiro Tejada, Geyser Climerson Castillo Mordan, Luigui Aneudy Ureña Reid, Glorisel De La Cruz Paulin, Yamilka Paulino, Leda Margarita Clase, Jomaiky Ureña Rotestán y Estafany De La Cruz Paulino.
El Ministerio Público también presentó cargos contra las personas jurídicas Mariscos del Caribe Clase S.R.L., Mojos S.R.L. y Elegant Records Productions E.I.R.L.
El documento judicial detalla que se trata de una organización criminal con carácter transnacional, que integraban ciudadanos de Colombia, Venezuela y República Dominicana, con conexiones además en Puerto Rico, Estados Unidos y Europa. Esta estructura tenía la capacidad de operar simultáneamente en diversas jurisdicciones, utilizando rutas marítimas y aéreas para trasladar cargamentos de cocaína a gran escala, consolidándose como un engranaje esencial del narcotráfico internacional.
En territorio dominicano, la red funcionaba bajo una dirección bicéfala, encabezada por Rafael Ynoa Santana, ya condenado, e Isidoro Rotestán Clase «El Men».
Ynoa Santana asumió la coordinación operativa, supervisando embarcaciones, tripulaciones, almacenes y la distribución de la droga; mientras que el segundo se desempeñaba como financista y administrador del esquema de lavado de activos, con poder de decisión sobre cargamentos, sobornos y adquisición de bienes. Ambos actuaban en paridad de condiciones, constituyendo el principal brazo local de los cabecillas colombianos, de acuerdo a las autoridades.
Las pesquisas evidencian que la organización contaba con gran capacidad financiera y logística, movilizando aproximadamente seis toneladas de cocaína al año. De doce operaciones de narcotráfico documentadas, seis fueron neutralizadas, con la incautación de 1.824 kilogramos de cocaína. La red disponía de recursos para fletar embarcaciones pesqueras y lanchas rápidas tipo Go Fast, además de teléfonos satelitales y sistemas de comunicación encriptados, lo que refleja un alto nivel de sofisticación en sus operaciones.
Previo a presentar acusación, el Ministerio Público realizó importantes incautaciones relacionadas con Isidoro Rotestán Clase y sus testaferros, como parte del cierre de las investigaciones contra la red internacional de narcotráfico enfrentada mediante la Operación Búfalo NK.
Los equipos de investigación ocuparon a Rotestán Clase seis autobuses, valorados en aproximadamente 24 millones 450 mil pesos; cuatro embarcaciones y siete inmuebles estimados en unos 60 millones de pesos.
Previamente, se le habían incautado otras propiedades: una finca en Puerto Plata, vehículos de lujo, dinero en efectivo, un centro de bebidas y lavado de autos, un penthouse en Bella Vista y un apartamento en otro sector del Distrito Nacional.
La Operación Búfalo NK fue desarrollada en septiembre de 2024 por el Ministerio Público, en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el Ministerio de Defensa, agencias de inteligencia, la DEA y el Comando Sur de Estados Unidos.
Esta red criminal operaba entre Colombia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Europa, utilizando embarcaciones para transportar drogas a gran escala con el objetivo de obtener millonarios beneficios ilícitos.
17 fiscales encabezaron la operación, que se ejecutó en Puerto Plata, Nagua, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, La Romana y el Distrito Nacional.
