Santo Domingo (República Dominicana).-El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para el lunes 14 de julio la audiencia para conocer la medida de coerción a diez personas acusadas de formar parte una estructura de corrupción administrativa de militares y civiles desmantelada con la Operación Lobo, que valía de la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
Los imputados son el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz y los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez.
Asimismo, el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar, el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González, el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz y el civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
De acuerdo con la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), hasta el momento se ha identificado una suma pagada en sobornos que excede los 100 millones de pesos.
Asimismo, aseguró que el Ministerio Público cuenta «con más de 500 pruebas para demostrar en esta primera fase del proceso la implicación y vinculación de todos los imputados que han sido arrestados en base a esta operación».
Los imputados afectaron el Inaipi, al Seguro Nacional de Salud (Senasa) y a las empresas distribuidoras de electricidad del Norte (EdeNorte), del Este (EdeEste) y del Sur (EdeSur), según la acusación.
La investigación del Ministerio Público partió de una denuncia remitida al Ministerio Público por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.
