Santo Domingo (República Dominicana).- El Consejo del Poder Judicial (CPJ) confirmó que el destituido juez Juan Francisco Consoró, recibió dinero de un narcotraficante condenado a 30 años de prisión.
El dinero lo habría recibido de Sidney Rafael Matías Pérez «El Fuerte».
La Resolución número CPJ-2023-RES-002 del CPJ establece que Consoró, recibió “directa o por intermedio de otras personas, dinero como pago de servicios inherentes al cargo que desempeñaba”.
También señala que realizó diligencias a favor de un cuñado en un proceso de allanamiento realizado en el caso del narcotraficante César Peralta «César el Abusador».
El destituido juez, de acuerdo a la acusación presentada por la Inspectoría General del Consejo del Poder Judicial, corroboró que además del caso de «César el Abusador», Consoró recibió dinero para poner en libertad a una persona acusada de narcotráfico; recibir dinero de su secretaria y de abogados que litigan en su tribunal; haber recibido dinero para emitir un auto de no ha lugar en la audiencia preliminar del caso conocido como Los Tres Brazos.
“Todo lo anterior revela la existencia de pruebas y acciones suficientes, serias, precisas y concordantes que, valoradas en su conjunto, comprometen su responsabilidad disciplinaria, y, por tanto, todos los elementos analizados son indicadores de que el juez obró con un comportamiento claramente prohibido por la normativa de Carrera Judicial en su artículo 44 de numeral 5 sobre solicitar, aceptar o recibir, directamente o por persona interpuesta, gratificaciones, dádivas, obsequios, comisiones o recompensas, como pago por actos inherentes a su investidura”, señala la resolución.
Agrega que “Respecto a las operaciones financieras no congruentes con los ingresos percibidos del Poder Judicial por parte del magistrado Juan Francisco Rodríguez Consoró, así como los depósitos efectuados por terceros en sus cuentas bancarias, es preciso señalar que el Consejo del Poder Judicial se encuentra juzgando actualmente en materia disciplinaria. No obstante, dichos hechos podrían exceder el ámbito disciplinario y adentrarse en la esfera de lo penal, debido a la gravedad de las posibles implicaciones, cuyo análisis no abordaremos al exceder nuestras atribuciones. Ante tal situación, resulta esencial que el órgano competente, el Ministerio Público, determine la existencia o inexistencia de actos ilícitos y proceda conforme corresponda”.
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