Santo Domingo. – El Poder Ejecutivo promulgó la Ley de Atención, Inclusión y Protección para las personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA) que, sin embargo, deberá ser sometida a algunas modificaciones.
La norma, marcada con la numeración 34-23, había sido aprobada de urgencia por el Congreso Nacional y remitida a la Presidencia de la República el pasado jueves 1 de junio, para el trámite correspondiente.
El Poder Ejecutivo afirma, sin embargo, que, en la pieza aprobada por el Congreso Nacional, hay elementos que deben ser objeto de oportunas mejoras y reformulaciones.
Pese a ello, en procura de beneficiar a las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) de manera robusta en el menor plazo posible, se procedió con la promulgación del instrumento legal, bajo el compromiso de asumir con prontitud las tareas pendientes en tan importante ámbito.
Esta labor de revisión parte del interés del Gobierno de garantizar a toda persona que presente cualquier tipo de discapacidad, ser beneficiario de los derechos que se desprenden de su dignidad humana, por lo que la regulación sobre la discapacidad debe atender a criterios de inclusión.
A tono con lo anterior, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo resaltó, al referirse a la norma promulgada, que le preocupaba la posible dispersión que ocasionaba frente al régimen general en materia de discapacidad, el cual habría salido más fortalecido con una modificación integral de la Ley núm. 5-13, sobre Discapacidad en la República Dominicana.
También, lamentó que la nueva norma genera algunas redundancias y observó que el Poder Ejecutivo tendría que ser muy cauteloso en la labor reglamentaria para cuidar los procesos administrativos que la nueva norma diseña, pero sin la especificidad adecuada.
«El presidente Abinader, aun consciente de que el texto legal puede y debe ser mejorado, ha decidido proceder con la promulgación en procura de ofrecer a la ciudadanía afectada por esta condición la mayor protección posible», señaló el Dr. Peralta Romero, consultor jurídico del Poder Ejecutivo.
Agregó que, sin embargo, «paralelamente a ello ha instruido a esta Consultoría Jurídica a conformar un equipo de expertos en la materia para abordar la labor reglamentaria y trabajar también en posibles iniciativas legislativas del Gobierno para que el fortalecimiento y la institucionalización no solo beneficie a los que padecen el Trastorno del Espectro Autista (TEA), sino a cualquier persona con discapacidad».
Al explicar la posición del Poder Ejecutivo, Peralta Romero reconoció que la ley tiene elementos que redundan en beneficio de las personas con Trastorno del Espectro Autista, más allá de las posibles debilidades de diseño.
Afirmó que en virtud de ello y en el mejor interés de este sector de la población, el presidente Abinader, en su empeño de proteger a la población afectada, ha decidido promulgar la norma.
«Desde el Gobierno estamos conscientes del desafío que implica para las familias dominicanas la crianza y cuidado de los niños con esta condición bajo las circunstancias actuales, por lo que asumimos el compromiso de fortalecer el marco legal que ampare y garantice el acceso a la educación sin restricciones o discriminación, a la salud, así como también a actividades recreativas y culturales, dentro de un ambiente sano, donde prevalezca el respeto a la diversidad y la inclusión», concluyó.
Finalmente, Antoliano Peralta afirmó que, en el plazo de 120 días previstos por la Ley para el inicio de su ejecución, el Poder Ejecutivo tomará las medidas necesarias para que la ejecución de la norma se produzca en el marco de la seguridad jurídica y sin afectar negativamente a ninguno de los sectores que de manera oportuna colaboran en esta labor cívica.
La nueva norma tiene por objeto regular la atención, protección e inclusión plena y efectiva en la sociedad de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), mediante la protección y garantía de sus derechos y la satisfacción de sus necesidades.
Para ello, entre otras medidas, amplía el catálogo de principios concebido por la Ley 5-13, establece derechos particulares para las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) e introduce nuevas reglas para la aplicación y coordinación interinstitucional en el marco de la atención, protección e inclusión de las personas afectadas por esta situación.
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