Redacción (RT.com).-La Fiscalía General del Estado (FGE) de Ecuador pidió prisión preventiva para 16 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) en servicio activo, en el caso de los cuatro menores de los cuales no se conoce su rastro desde el pasado 8 de diciembre.
«Luego de presentar los elementos de convicción recabados contra los involucrados, La Fiscalía de Ecuador solicita –de forma motivada– prisión preventiva para los 16 militares investigados«, indicó la institución a través de su cuenta en X.
La petición se realizó durante la audiencia de formulación de cargos, por presunta «desaparición forzada», que se realizó este martes en el Complejo Judicial Valdivia, en el sur de la ciudad de Guayaquil, provincia de Guayas, urbe donde desaparecieron los menores.
El fiscal Christian Fárez, quien lleva el caso, solicitó también que los 16 militares sean procesados como autores directos, medidas de protección para las familias de los menores desaparecidos y su ingreso al Sistema de Protección de Testigos Protegidos y que la instrucción fiscal se extienda por 90 días.
Los desaparecidos
Los cuatro menores desaparecidos son los hermanos Josué e Ismael Arroyo, de 14 y 15 años, respectivamente, y sus amigos Saúl Arboleda, de 15 años, y Steven Medina, de 11. Todos son del sector empobrecido de Las Malvinas, al sur de Guayaquil, en Guayas.
La versión de los padres es que el día de la desaparición salieron a jugar fútbol y después del partido fueron a una panadería junto a un grupo de 10 niños. Cuando regresaban a casa, cerca de un centro comercial, pasaron dos vehículos con personas vestidas como militares, todos habrían salido corriendo, pero estos cuatro fueron alcanzados y subidos a esos carros.
En tanto, la versión de las autoridades ha variado. Aunque en declaraciones iniciales, el ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo, atribuyó la desaparición a «grupos delincuenciales», posteriormente confirmó que fueron aprehendidos por una patrulla militar, que tiene base en la parroquia de Taura, cantón Naranjal, también en Guayas; algo que quedó evidenciado en un video.
La justificación que habrían dado los militares para realizar la aprehensión es que actuaron ante un supuesto robo a una mujer; no obstante, en una audiencia previa de ‘habeas corpus’, realizada el martes de la semana pasada, el fiscal Fárez comentó que no existen testigos ni versiones ni una denuncia que apunten a algún «acto ilícito que hayan cometido los niños».
Eso se suma a otras irregularidades que se le atribuyen a los militares en su accionar, como que no hay un parte militar oficial sobre la detención, como lo exige el protocolo; no se informó ni entregó a los menores a la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen), como marca el procedimiento; y el proceso de su liberación, ya que los uniformados dijeron que los dejaron libres en la parroquia de Taura, a más de 40 kilómetros del lugar de la detención, pero no se precisó el lugar y, además, se reveló la falta de una orden de liberación judicial expresa.
Protesta
Familiares, amigos y activistas de los cuatro menores se concentraron a las afueras de la unidad judicial desde antes de que se instalara la audiencia.
En el plantón se escucharon consignas, como «vivos se los llevaron, vivos los queremos» y «niños futbolistas, no criminales». También, los asistentes portaron pancartas con fotografías de los cuatro menores, en la que se podía leer: «Devuelvan a nuestros niños».
Mientras avanzan las diligencias judiciales, siguen las labores para identificar a los cuatro cuerpos que la Policía de Ecuador descubrió en un río cercano a la base aérea de Taura. Los cadáveres fueron hallados calcinados y con signos de violencia.
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