Por Sandra Rodríguez Cotto
San Juan (Pueto Rico).- Líderes políticos, cívicos y religiosos le pidieron a la Organización de las Naciones Unidas y a su secretario general, Antonio Guterres, que intercedieran para detener las prácticas militares en Puerto Rico. Argumentan que el incremento en el uso militar de Puerto Rico revela el engaño en torno al cierre de instalaciones militares, y constituye un retroceso en la lucha del pueblo puertorriqueño por su libre determinación.
«Por este medio denunciamos y recabamos de la comunidad internacional que esté atenta a los efectos que tiene sobre el derecho de libre determinación e independencia del pueblo puertorriqueño la remilitarización y expansión militar de los Estados Unidos en Puerto Rico, su uso como puente y base de agresión contra la soberanía de pueblos hermanos de América Latina y el Caribe, y la desestabilización de la paz en la región», manifestaron.
Los firmantes incluyeron a Vivian Godineaux, presidenta Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico; a Vanessa Ramos, secretaria general de la Asociación Americana de Juristas; Ángel Rodríguez León y Carlos Vega Copresidentes Movimiento Independentista Nacional Hostosiano; María de Lourdes Guzmán, Presidenta Movimiento Unión Soberanista; Juan Dalmau Ramírez, secretario general Partido Independentista Puertorriqueño; y la Rev. Eunice Santana de la Comunidad Ecuménica en el Camino.
También fueron firmantes Sonia Santiago, Madres Contra la Guerra; el Dr. Francisco Concepción de la Mesa, de Diálogo Martin Luther King; y José Rodríguez Vélez, Movimiento Solidario Sindical.
Desde hace varios meses las fuerzas armadas de Estados Unidos han aumentado sus ejercicios y presencia en el Caribe, incluyendo en Puerto Rico, principalmente por el aumento de tensiones geopolíticas en la región, con Venezuela y Colombia. Parte de ese despliegue incluye entrenamiento de Marines, ejercicios anfibios y operaciones aéreas que se realizan desde varias instalaciones en Puerto Rico. Según reportes, estas maniobras están conectadas con una estrategia más amplia del gobierno de Donald Trump que alega quiere combatir redes criminales y narcotráfico, así como para estar preparados ante posibles conflictos regionales.
Las autoridades militares y la Guardia Nacional de Puerto Rico han dicho que estos ejercicios son temporales y coordinados para minimizar impactos y fortalecer la preparación y cooperación entre unidades, pero también han destacado que son parte del papel estratégico de Puerto Rico como base en el Caribe.
Pero la movilización y prácticas militares han generado reacciones diversas en la isla, incluyendo protestas y rechazo abierto a que se reactiven las antiguas bases militares, por el impacto negativo en la salud de la ciudadanía y en el medioambiente, como pasó en Vieques. Las heridas históricas de esta militarización han estado presentes en la discusión pública, así como en temas políticos como la falta de soberanía del pueblo. La administración de Jennifer González ha apoyado las maniobras y efectivos militares, como los directivos de la Guardia Nacional de Puerto Rico y otros funcionarios han pedido calma a la población, argumentando que estos ejercicios están planificados y no representan una amenaza inmediata.
En la carta que enviaron, los firmantes recordaron que desde el 1972 el Comité Especial de Descolonización de la ONU ha incluido, dentro del ámbito de su jurisdicción, la situación de Puerto.
«Desde entonces, se han aprobado más de 40 resoluciones, demandando de los Estados Unidos, entre otros aspectos importantes, el cese de ejercicios militares en Puerto Rico. Por más de sesenta años, los Estados Unidos habían utilizado tierras puertorriqueñas para prácticas militares y entrenamientos, incluyendo bombardeos en terrenos cercanos a poblaciones. Particularmente las poblaciones de las islas de Vieques y Culebra sufrieron graves daños a su salud física y mental, así como a sus terrenos y cuerpos de agua. Estas instalaciones cerraron operaciones hace décadas, y los terrenos fueron supuestamente devueltos al gobierno de Puerto Rico. Ahora, por decisión unilateral del gobierno de los Estados Unidos, los terrenos revierten a uso militar», denunciaron los firmantes.
Explican que el Departamento de Guerra de los EEUU ha retomado varias de aquellas instalaciones, incluyendo la reactivación con fines militares de lo que fue Ramey Fields (en Aguadilla), el desarrollo de prácticas militares por parte de la Infantería de Marina en la región sureste de Puerto Rico y otras instalaciones militares, entre ellas el Campamento 1 Santiago, en Salinas, principal centro de ejercicios de la Guardia Nacional y de la Reserva del Ejército de Estados Unidos en Puerto Rico, para sus preparativos en la región del Caribe, y la disposición de municiones en terrenos aún contaminados por las prácticas del pasado.
«La comunidad internacional ha estado atenta a las tensiones que han surgido en el Caribe con el despliegue militar de las fuerzas navales de los Estados Unidos de América y ejecuciones de alegados narcotraficantes en aguas al norte de Venezuela, y en aguas del océano Pacífico al oeste de Colombia. También se cierne la amenaza de una invasión militar a Venezuela. Esto ha provocado el repudio generalizado dentro y fuera de los Estados Unidos, incluyendo el llamado del Papa León XIV al diálogo y no a la intervención militar», expresaron los firmantes.
«El pueblo de Puerto Rico habló fuerte y claro cuando miles de nuestros compatriotas se convirtieron en escudos humanos para detener las prácticas militares en Culebra y Vieques, y decenas de miles protestaron contra la presencia militar. Las denuncias sobre los daños acaecidos en nuestra población por la presencia militar de los Estados Unidos en Puerto Rico han sido ampliamente documentadas y expresadas ante el Comité Especial de Descolonización desde la década de los años 70.
