Redacción (Telesur).- El presidente honorario del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) Argentina, Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz 1980, dirigió una carta al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, solicitando que el Consejo de Derechos Humanos envíe una comisión a Estados Unidos para verificar las condiciones de detención y trato del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de la primera combatiente Cilia Flores, quienes fueron secuestrados el pasado sábado 3 de enero, luego de que Estados Unidos perpetuara un ataque militar contra Venezuela.
En su comunicación, Pérez Esquivel afirmó: “La presente carta es para solicitar a la ONU, que el Consejo de Derechos Humanos arme una Comisión que viaje a los EEUU para verificar las condiciones de detención y trato del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro y de su señora, secuestrados por grupos comandos que bombardearon y asesinaron a cien custodios presidenciales, violando la soberanía de ese país por orden del presidente de los EEUU, Donald Trump”.
El Premio Nobel subrayó que “por razones humanitarias y de Derecho es urgente el envío de una Comisión de DDHH que garantice las condiciones físicas y sicológicas del presidente Maduro y su señora secuestrados en Venezuela”.
Al finalizar su carta, Pérez Esquivel envió a Guterres “un fraterno saludo de Paz y Bien que tanto necesita el mundo, acosado por guerras, conflictos armados, ambientales y el hambre que sufre gran parte de la humanidad”, y concluyó: “Desde ya gracias y mucha fuerza y esperanza en construir la Paz que tanto necesitan los pueblos”.
La misiva se inscribe en el marco de las movilizaciones populares que se han intensificado en todo el país tras el ataque militar estadounidense contra Venezuela que reafirman que la defensa del presidente Nicolás Maduro y de Cilia Flores es también la defensa de la soberanía nacional y de la voluntad popular expresada democráticamente en las urnas.
Estas acciones de solidaridad no se limitan a Venezuela: ciudades de América Latina, Europa y Asia han sido escenario de protestas masivas que denuncian la violación flagrante de la soberanía venezolana y los derechos humanos por parte de la Administración de Donald Trump. Los manifestantes exigen el retorno inmediato del líder bolivariano y su esposa, así como una respuesta contundente de la comunidad internacional ante lo que califican como una agresión ilegal orquestada desde Washington.
Las movilizaciones han puesto en evidencia los verdaderos intereses detrás del ataque militar: la apropiación del petróleo venezolano. Organizaciones sociales y movimientos populares han condenado las acciones de EE.UU. como una “afrenta gravísima” al derecho internacional, contraria a los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y al derecho inalienable de los pueblos a la autodeterminación.
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