Participación Ciudadana rechaza «toda intervención» de los políticos en los casos judiciales

Santo Domingo (República Dominicana).- El movimiento cívico Participación Ciudadana rechazó de manera rotunda la propuesta de la ex vicepresidenta Margarita Cedeño en el sentido de que el presidente Luis Abinader y los ex presidentes se reúnan para acordar solución a lo que ella denomina «una crisis de gobernabilidad» producida por el sometimiento a la justicia de funcionarios y directivos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

«Es justamente contra esa práctica que hemos luchado por décadas, contra los acuerdos de mutua impunidad, explícitos o implícitos en la política dominicana», señaló la entidad en una nota.

Por el contrario, «la población dominicana está ampliamente satisfecha con las actuaciones de un Ministerio Público independiente y ha depositado sus expectativas en que los jueces actúen también con la objetividad, la inteligencia y el coraje que se requieren para castigar con todo el peso de la ley la corrupción y la impunidad», agregó.

Para Participación Ciudadana, «es totalmente inaceptable que los partidos políticos pretendan influir en el curso de los procesos judiciales».

La República Dominicana «ha dado muestras de que está en la disposición de defender los avances en la persecución del peor de los crímenes, como lo es la corrupción administrativa de grandes proporciones como las que están documentadas en los expedientes que cursan actualmente en los tribunales», apuntó.

«Estos son momentos cruciales para la consolidación de un Estado democrático y de derecho en la República Dominicana, pero ese propósito fundamental no será logrado con dirigentes políticos que aúpen o protejan la corrupción, que usen el dinero público o que reciban aportes que comprometen la correcta administración pública», afirmó.

Por último, dijo, que «estaremos dando seguimiento al proceso electoral, especialmente en lo referente a las posiciones de los diferentes partidos y candidatos políticos sobre el tema de la corrupción y de sus compromisos con la erradicación de la impunidad, así como a cualquier indicador de que se están usando recursos, públicos o privados, más allá de lo permitido por la ley».