Santo Domingo (República Dominicana).- La organización no partidista, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, expresó su oposición a la nueva política, aprobada por el Poder Judicial como regla general, aplicable aun por defecto, que permite la eliminación o sustitución de toda información que pueda identificar o hacer identificable a cualquier persona física, lo que ayudará a invisibilizar frente a la sociedad a los infractores de la ley, sobre todo a los corruptos, generando impunidad y mayor corrupción.
Con esta medida se pretende invertir el principio de que la regla es la transparencia y la privacidad la excepción.
«La Constitución es clara cuando establece como parte de la tutela judicial efectiva y el debido proceso que los juicios serán públicos, lo que no solo es una garantía que protege a los imputados, sino además a la sociedad, transparentado lo que ocurre en los juicios, sobre todos en aquellos de naturaleza penal. La publicidad de los juicios debe incluir la identificación de jueces, fiscales, abogados, notarios, alguaciles, secretarios de tribunales, auxiliares y todo el personal relacionado, pero también a las partes en el proceso, imputados, querellantes, víctimas, actores civiles, así como a testigos e informantes, con las excepciones propias para proteger a menores de edad y personas vulnerables», señaló.
Indicó que el acceso a los expedientes de los casos judiciales, «no solo corresponde a las partes en el proceso, sino a cualquier ciudadano y de manera especial a los medios de comunicación, a fin de garantizar el derecho a la información y a la libre expresión. Contrario a este principio, la nueva política establece restricciones para terceros, término que incluye a la prensa y a la ciudadanía».
Participación Ciudadana sostiene que cualquier conflicto entre el derecho a la información y la expresión y el derecho a la intimidad debe, como regla general, ser decidido a favor de la transparencia, sobre todo cuando se involucre a funcionarios y bienes públicos, con las debidas excepciones, que deben ser muy puntuales.
De acuerdo a la nueva normativa del Poder Judicial, la lista de datos personales sujetos al anonimato es tan extensa, que incluye hasta la cédula de identidad y electoral, que es requerida para realizar múltiples operaciones privadas y permite diferenciar personas con el mismo nombre. Esta política pretende ampararse en la experiencia de otros países, olvidando que esos países han alcanzado un nivel de desarrollo institucional, incluyendo al sector justicia, que nuestro país aún no alcanza.
Participación Ciudadana expresó su preocupación porque esta medida se produce en momentos en que el país tiene el gran reto de combatir la corrupción, el crimen organizado, así como delitos tan graves como la trata de personas, el lavado de activos, los feminicidios y la pedofilia, que tanto daño hacen a la sociedad.
Hizo un llamado al Poder Judicial para que retire la normativa, por ser un duro golpe a los esfuerzos que han hecho amplios sectores para sacar a nuestro país de una larga historia de corrupción e impunidad.
Indicó que de manera especial, preocupa que la política de protección de datos del poder judicial pueda servir de sustento a los jueces para impedir a la ciudadanía y a la prensa el acceso a la información, conquista fundamental en un régimen democrático y en países con bajos niveles de transparencia.
