Santo Domingo (República Dominicana).- El movimiento cívico Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, expresó este martes que la sentencia absolutoria dictada por el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional en el caso Súper Tucano, y él no ha lugar en el de Los Tres Brazos, se suman al expediente Odebrecht en la misma ruta de impunidad que sigue el país «desde siempre», dejando muy mal parado al sistema de justicia.
“No importa que la culpa sea del Ministerio Público o de los jueces, quien resulta finalmente perjudicado es la ciudadanía”, consideró.
El coordinador general de Participación Ciudadana, Joseph Abreu, dijo en una rueda de prensa que ha fallado el sistema de justicia, pues los hechos criminales han sido mucho más que evidentes, llegando en los casos de las empresas brasileñas hasta el punto de éstas haber confesado los sobornos y declarado los montos entregados.
Mencionó que en Los Tres Brazos se vendieron terrenos del Estado en forma irregular y contrario a la Constitución y las leyes, en favor de una empresa privada y en perjuicio de personas que ocupaban los terrenos por largos años. No cumplieron con la obligación constitucional de obtener la aprobación del Congreso Nacional, según se hizo constar en un informe rendido por una comisión especial encabezada por el entonces Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal.
Participación Ciudadana indica que en el caso Super Tucano, «revela la imperiosa necesidad de introducir reformas que impidan se instale el interés partidario en el Ministerio Público, pues este caso, al igual que el de Odebrecht, estuvo bajo la responsabilidad de Jean Alain Rodríguez, un procurador general de la República que fue incapaz de perseguir la corrupción de sus propios compañeros de partido».
Sostuvo que se presentaron acusaciones sin haber recolectado en Brasil, las pruebas que las empresas se comprometieron a entregar cuando firmaron con Rodríguez, sendos acuerdos de penal abreviado.
“Permitir que los casos Super Tucano y Odebrecht llegaran a juicio de fondo sin las pruebas correspondientes, a pesar de tener el compromiso escrito de entregar las mismas por parte de ambas empresas, revela una clara obstrucción a la justicia y, en el menor de los casos, una negligencia grosera, que debe ser investigada por las actuales autoridades del Ministerio Público”, señaló Participación Ciudadana.
La institución de la sociedad civil indicó que las decisiones sobre estos tres casos se producen en momentos en que «se han instalado francotiradores que pretenden descalificar a la magistrada Miriam German Brito, a pesar de que estos expedientes, al igual que la precaria situación carcelaria que existe en el país, no han sido responsabilidad suya».
“Las críticas a la magistrada Germán tienen por finalidad presionarla para hacerla renunciar a su posición y colocar allí a alguien que permita que los escándalos de corrupción que cursan ante el Poder Judicial o se encuentran bajo investigación actualmente, sigan la suerte de los preparados bajo la responsabilidad del antiguo procurador general de la República”, aseveró Abreu.
Participación Ciudadana reiteró su confianza en el equipo encabezado por la procuradora Germán Brito, e integrado, entre otros, por los magistrados Yeni Berenice Reynoso, directora general de Persecución, y Wilson Camacho, director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
El Movimiento Cívico se ha comprometido a dar seguimiento a los casos de corrupción sobre los cuales se presente acusación.
Con relación a las amenazas de accionar judicialmente contra la institución, reiteraron que seguirá defendiendo el derecho que el Código Procesal Penal les concede de tener acceso a las acusaciones, sus pruebas y a divulgarlas, con la única intención de que la ciudadanía conozca el contenido de las mismas y pueda formarse su propia opinión.
Expresó que respetan la obligación de los jueces de fallar los casos conforme a las pruebas presentadas y sólo bajo el amparo de la Constitución y las leyes, pero, al mismo tiempo, defienden el derecho ciudadano de propugnar y luchar por el fin de la impunidad que ha permitido el enorme crecimiento de la corrupción en el país.
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