Redacción (Telesur).- La Fiscalía de Paraguay ejecutó el domingo un operativo de registro y allanamiento en la mansión de verano del expresidente Santiago Peña, ubicada en Ciervo Cua (San Bernardino), a 50 kilómetros de Asunción.
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La diligencia se enmarca en la investigación penal por la presunta comisión de lesión de confianza y administración en provecho propio vinculada al colapso de Ueno Bank, causa que derivó en la destitución y posterior detención del exmandatario.
El registro de la propiedad estuvo a cargo de una comitiva del Ministerio Público integrada por los fiscales Silvia González, Cristhian Benítez y Elena Fiore.
Durante la inspección, los agentes hallaron oculta tras una pared falsa una bóveda con un sistema de blindaje y seguridad nivel 7 de procedencia israelí.
Hasta el momento, las autoridades no han podido abrir la estructura, que requiere cuatro métodos simultáneos de verificación (reconocimiento facial/iris, huella dactilar, PIN y llaves multilock).
De igual manera, los fiscales decomisaron el teléfono celular del exjefe de Estado en el Regimiento Escolta Presidencial, donde cumple prisión preventiva por orden del juez penal de Garantías Humberto Otazú.
La investigación penal señala que Peña, economista de 47 años que asumió la jefatura de Estado en 2023, habría intervenido para colocar, renovar y mantener cerca de 3,6 billones de guaraníes y 233,4 millones de dólares en fondos públicos y previsionales dentro de Ueno Bank, entidad de cuyo grupo empresarial fue accionista hasta 2025.
De acuerdo con la imputación, Ueno Bank otorgó a cambio al entonces presidente en mayo de 2024 dos préstamos simultáneos por 3.548.000.000 guaraníes (unos 577.000 dólares) destinados a la construcción de la mansión allanada; las cuotas mensuales pactadas ascendían a 239.000.000 guaraníes (38.880 dólares), una suma equivalente a seis veces su salario presidencial.
La residencia de San Bernardino ya había desencadenado una fuerte controversia pública tras ser revelada por el diario ABC Color en enero de 2025.
La intervención de la banca matriz afectó a unos 2,94 millones de clientes —aproximadamente la mitad de la población paraguaya—, cuyos depósitos quedaron congelados.
El bloqueo impactó severamente los fondos de instituciones del Estado, entre ellas la caja de jubilaciones del Instituto de Previsión Social (IPS) y la Entidad Binacional Itaipú, perjudicando de forma directa a más de 32.000 pensionados.
Durante la tradicional misa dominical en la Basílica de Caacupé, el obispo Ricardo Valenzuela calificó el colapso del banco como un «fraude monumental» y demandó la «urgente devolución del dinero de todas las personas estafadas«.
Por otra parte, el Arzobispado de Asunción advirtió que las autoridades no deben minimizar el malestar social.
Por su parte, el gremio de maestros del sector público convocó a una marcha nacional para el lunes en reclamo por la restitución de los recursos de la Caja Fiscal y del IPS.
Dicha manifestación constituirá la primera prueba en las calles para el mandatario entrante, Pedro Alliana, quien el domingo dispuso vía decreto la exoneración de multas, recargos por mora e intereses para los contribuyentes damnificados por la parálisis de la entidad financiera.
