Aspiro a que algún día un gobierno, sin importar el costo político, controle el desorden que a diario protagonizan los motoristas por calles y avenidas. Las imprudencias y manejos temerarios son recurrentes. Los medios de comunicación escritos, noticiarios televisivos y de radio, articulistas, programas interactivos, redes sociales, ya están hastiados de comentar las acciones destempladas de esos ciudadanos, sobre todo los deliverys de los colmados, de tiendas de comida rápida y otros negocios corporativos.
Sin presumir expresar algo que no sepan los demás ciudadanos, las pintorescas e imprudentes hazañas de esos personajes se resume en lo siguiente: transitan en vía contraria sin licencia ni placas, circulan sobre las aceras, zigzaguean en forma temeraria y grosera entre los vehículos que circulan por las avenidas y penetran por espacios muy reducidos para avanzar hacia sus destinos, obligando a los conductores a maniobrar para no impactarlos; la mayoría no respeta la ley de tránsito pues violar la luz roja en los semáforos es su mejor activo, una maniobra que en numerosas ocasiones realizan ante la mirada de algunos agentes de la Amet. Es algo así como un tipo de desorden ordenado, organizado, aunque parezca un disparate verlo de esa forma.
Las motocicletas se han convertido en uno de los principales medios de transporte de los dominicanos por su rapidez en movilizarse con la familia y, para aquellos que los usan como medio de producir dinero, la alternativa de ofrecer diferentes servicios a la población mediante las plataformas digitales. En efecto, se compran debido en parte al elevado costo de los pasajes en el transporte de pasajeros, las malas condiciones de ese sistema público y porque administran mejor el tiempo en sus diligencias personales, aunque a riesgos de perder la vida en los constantes accidentes de tránsito.
En la República Dominicana, para enero de 2024, el parque vehicular ascendía a 5,838,510 unidades. De ese universo, 3,531,967 son motocicletas, representando un 60.5%. Resulta que en los primeros cinco meses del 2025 se registraron 105,876 nuevas motoras. A mayo de ese año, el total de activos alcanzaba 3,639,944 unidades, lo que subió al 62.2% del parque vehicular nacional.
Y un detalle que no podemos dejar fuera de este comentario es que las motocicletas, igual que los demás vehículos sobre ruedas, son también una fuente importante de ingresos para el Estado dominicano y, tal vez, esa sea una causa de permitir su masiva importación. En 2023, las compras de motoras fueron por valor de US$126 millones, generando un aporte total de US$70 millones a la economía del país a través del cobro de impuestos. En 2024 alcanzó un monto de US$170 millones, cifra que se estima que generó una recaudación de US$97 millones.
Se trata de un buen negocio empresarial que ha visto un incremento del 195.8% en los últimos dos años. Según un estudio de la Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Motocicleta (Afamoto), el total de empresas ha pasado de 24 en 2008 a 71 en 2024, mientras que el número de importadores se sitúa en 56. (Ver periódico elDinero, 7 April, 2025).
En ese contexto, sin embargo, preocupa la importación masiva de motocicletas eléctricas, que se expanden en el país como hormigas. Por ser silenciosas, muchos delincuentes las están usando para atracar y cometer otras fechorías. Nuestras autoridades deben prohibirlas, pero es como pedirle agua a un desierto. Lo más lógico y razonable es que la seguridad ciudadana está por encima de los intereses empresariales y estatales, pero al perecer no es así.
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(El autor es periodista residente en Santo Domingo, República Dominicana).
