Santo Domingo (República Dominicana).- Un tribunal de Santo Domingo Oeste dictó auto de apertura a juicio contra los principales acusados de la red fraudulenta desmantelada con la Operación Búho y que cometió una estafa de RD$2,500 millones a través de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera).
El tribunal ordenó el envío a juicio de los acusados Jorge Eligio Méndez, Gabriel Santana Borsilea, Jacer Eliazar Mejía Pereyra, Julio César Minaya Mejía, Simona Borsilea Juan, así como a Emanuel Pozo Borsilea, Cristóbal Mariano, Juan Julián Bryan Richardson y Carina Elizabet García de la Rosa.
También, a las empresas Inmobiliaria Villa Pastoral 21 S.R.L, ByT Diseños y Construcciones S.R.L., Conspebo RD S.R.L, Comercial Gabriel Santana S.R.L., Gabriel Santana Auto Import S.R.L., GSB Music Studio y Productions S.R.L y GBS Baseball Academy S.R.L.
En favor de las procesadas Kenia del Carmen Liriano Pérez y Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez el tribunal dictó un auto de no ha lugar. El Ministerio Público persigue a Pedro Eligio Bonilla, declarado en rebeldía.
El fiscal Ramón de la Rosa representó al Ministerio Público en la audiencia en la que el juez Joan Rodríguez, del Sexto Juzgado de la Instrucción, admitió la acusación y excluyó las cinco acusaciones alternas presentadas por varias víctimas.
También, dio a conocer su decisión sobre varios incidentes presentados por las defensas y querellantes. En ese sentido, rechazó que fueran imputadas la Coop-Herrera y el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop).
Además, excluyó la acusación presentada por una víctima particular contra Franco de los Santos y lo excluyó como acusado en el expediente.
Respecto a un incidente planteado por la defensa del acusado Jacer Eliazar Mejía Pereyra, el juez lo rechazó y ordenó su envío a juicio al establecer la actuación correcta del Ministerio Público.
Con el fraude, la estructura criminal afectó a 366 víctimas, señala el órgano acusador en el expediente.
El Ministerio Público sustentó la acusación con cientos de medios de pruebas materiales, periciales, testimoniales y documentales, incluyendo informes de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección Nacional de Registro de Títulos.
El órgano persecutor puso en marcha el 4 de octubre de 2023 la Operación Búho, producto de una investigación de varios meses, que llevó al arresto de los directivos de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera) implicados en el fraude.
La operación movilizó a más de 20 fiscales, alrededor de 100 policías y una docena de agentes de equipos especiales. El Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) y varias personas presentaron denuncias contra los ejecutivos de Coop-Herrera.
Durante la operación, el Ministerio Público ocupó inmuebles, embarcaciones, vehículos y otras propiedades lujosas, en virtud de una orden judicial autorizada por un tribunal.
Los procesados simulaban préstamos, emitían certificados financieros inorgánicos, entre otras manifestaciones criminales, todas con el objetivo de distraer el dinero de los asociados y los ahorrantes.
