Lyon, Francia.- Una operación global coordinada por la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) permitió la protección de 4.414 posibles víctimas de trata de personas y la detección de 12.992 migrantes irregulares en 119 países.
La Operación Liberterra III (del 10 al 21 de noviembre de 2025) permitió la detención de 3.744 sospechosos, incluidos más de 1.800 por delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, según los informes iniciales de los países participantes.
Durante la operación, las fuerzas del orden movilizaron a más de 14.000 agentes, que realizaron vigilancia de puntos críticos y redadas selectivas, además de reforzar los controles fronterizos.
Las autoridades abrieron más de 720 nuevas investigaciones, muchas de las cuales siguen en curso.
La secretaria general de INTERPOL, Valdecy Urquiza, declaró que “el nivel de las medidas de cumplimiento de la ley pone de manifiesto una sólida cooperación, pero las tendencias más generales que se han revelado son igualmente importantes. Las redes delictivas están evolucionando, aprovechando nuevas rutas, plataformas digitales y poblaciones vulnerables. Identificar estos patrones permite a las fuerzas del orden anticipar las amenazas, desmantelar las redes con mayor antelación y proteger mejor a las víctimas”.
Las estafas impulsadas por la trata de personas siguen siendo una grave preocupación en Asia y África, pero la mejora de los mecanismos de inteligencia, detección y cribado está dando lugar a un mayor número de detenciones y a la repatriación de cientos de víctimas.
Si bien la explotación sexual sigue siendo muy denunciada, el trabajo forzoso y la delincuencia forzosa están aumentando, y también se detectan la servidumbre doméstica y la extracción de órganos.
Los casos de víctimas de América y Asia en África indican un cambio en la dinámica de la trata, que contrasta con los patrones observados históricamente de víctimas africanas que son objeto de trata en el extranjero.
Los patrones migratorios en América se han revertido en gran medida, y los ciudadanos sudamericanos ahora viajan hacia el sur a través de Centroamérica.
Existe una presión continua a lo largo de las rutas marítimas del Atlántico y el Mediterráneo, especialmente desde África Occidental y del Norte hacia Europa. Las autoridades utilizan cada vez más el monitoreo en línea para detectar y rastrear redes de trata y tráfico ilícito de personas.
La trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes siguen estando estrechamente vinculados a delitos como la falsificación de documentos, el blanqueo de capitales y el tráfico de drogas.
Las autoridades llevaron a cabo múltiples acciones contra presuntos centros de estafa en Asia, especialmente en Myanmar, donde una sola redada descubrió a unos 450 trabajadores en un complejo. Se incautaron dispositivos electrónicos vinculados a actividades de estafa, incluidos 18.800 teléfonos móviles y más de 300 ordenadores. Las autoridades también centraron sus esfuerzos en la detección y repatriación de cientos de posibles víctimas de trata de personas de acciones anteriores, incluido un grupo de 125 ciudadanos indios.
En África, las autoridades de Benín, Burkina Faso, Congo, Costa de Marfil, Ghana, Senegal y Sierra Leona informaron sobre amplias medidas contra las redes piramidales de trata de personas, que permitieron el rescate de más de 200 víctimas y la desmantelación de múltiples centros de reclutamiento y explotación. Estas estrategias, específicas de África Central y Occidental, consisten en reclutar a las víctimas bajo la falsa excusa de trabajar en el extranjero, cobrarles comisiones de reclutamiento exorbitantes y obligarlas a reclutar a amigos o familiares a cambio de mejores condiciones.
En España, las autoridades desmantelaron una red criminal dedicada a la trata de mujeres con fines de explotación sexual a través de salones de belleza y masajes en Barcelona y Marbella, identificando a 21 víctimas. Las mujeres, en su mayoría de origen colombiano, habían sido sometidas a vigilancia constante, abusos y obligadas a pagar deudas de 6.000 euros (7.000 dólares) mediante la prostitución. El mismo local también se utilizaba para la venta de drogas.
En Costa Rica, las autoridades arrestaron a un hombre conocido como «El Gordo», acusado de presionar a menores de edad de una escuela técnica para que grabaran videos explícitos. La pareja del sospechoso, profesora de la misma institución, también fue arrestada, ya que las autoridades creen que ella facilitó su comportamiento.
