Por Jhonny Trinidad
La frontera entre República Dominicana y Haití no solo divide dos países. También divide el interés de la comunidad internacional.
En los últimos años, decenas de dominicanos han sido secuestrados, extorsionados o agredidos en territorio haitiano. Camioneros retenidos por bandas en Martissant. Médicos interceptados camino a clínicas fronterizas. Comerciantes desaparecidos por días hasta que se paga un rescate. Los casos están documentados en la prensa, en denuncias consulares y en testimonios de familias que hipotecan su casa para recuperar a un pariente.
Frente a eso, el silencio de las grandes ONG de derechos humanos es ensordecedor.
Las mismas organizaciones que emiten comunicados en 24 horas cuando se reporta una repatriación de haitianos indocumentados, que levantan informes sobre «apatridia» y que llevan a República Dominicana ante foros internacionales, no aparecen cuando la víctima es dominicana. No hay misión de observación. No hay campaña de Twitter. No hay visitas a cárceles irregulares donde dominicanos pasan semanas sin proceso. No hay recaudación de fondos para pagar abogados.
EL SILENCIO ESTA ESCRITO DE UN SOLO LADO
Desde hace décadas, el discurso dominante en organismos internacionales presenta a Haití como víctima estructural y a República Dominicana como victimario potencial. Ese marco no admite matices. Un dominicano secuestrado en Haití rompe el guion. Obliga a reconocer que el colapso institucional haitiano también genera víctimas al otro lado de la frontera. Y eso no cotiza en los informes.
Muchas ONG dependen de fondos de agencias europeas, fundaciones estadounidenses y organismos multilaterales que tienen líneas claras: migración, apatridia, minorías. «Dominicanos en riesgo en Haití» no es una categoría de financiamiento. No hay partida presupuestaria para eso. Sin dinero, no hay proyecto. Sin proyecto, no hay pronunciamiento.
Defender a haitianos en República Dominicana es mediáticamente rentable y físicamente seguro. Denunciar a bandas haitianas que secuestran dominicanos implica viajar a Puerto Príncipe, Cité Soleil o Croix-des-Bouquets. Implica señalar a grupos armados que no responden a comunicados de prensa. El riesgo es real y el rédito institucional es cero.
DOBLE ESTANDAR MORAL
Cuando un Estado ejerce soberanía en su frontera, se le exige «proporcionalidad» y «enfoque de derechos humanos». Cuando un grupo irregular secuestra a un ciudadano del país vecino, se trata como «daño colateral de la crisis». La vara no mide igual. Y las ONG, que deberían ser contrapeso, terminan reproduciendo esa asimetría.
El resultado es un abandono. Los dominicanos afectados solo tienen al Estado dominicano. Y cuando el Estado actúa, vuelve a ser señalado por las mismas ONG que callaron ante el secuestro.
Esto no es un llamado a que las ONG abandonen la defensa de migrantes. Es un llamado a la coherencia. Los derechos humanos no tienen nacionalidad. Si un haitiano maltratado en Dajabón merece protección, un dominicano secuestrado en Anse-à-Pitres también.
Mientras esa regla básica no se cumpla, la palabra «humanos» en «derechos humanos» seguirá siendo selectiva. Y la credibilidad de muchas organizaciones seguirá cayendo, no por lo que dicen, sino por lo que deciden no ver.
jhonnyt2.5@hotmail.com
(El autor es periodista residente en Nueva York).
