San Juan (Puerto Rico).- El Procurador de la Oficina Del Ciudadano (Ombudsman), Edwin García Feliciano, enfatizó que, tras tres décadas de la construcción del Sistema de Distribución de la Costa Norte «El Superacueducto», es una negligencia crasa seguir posponiendo una evaluación exhaustiva de su estabilidad estructural.
Ante la alarmante vulnerabilidad del sistema de distribución de agua potable y los pronósticos climatológicos que anticipan un periodo crítico de sequía exacerbado por el fenómeno de El Niño, García Feliciano expresó preocupación y lanzó un llamado a las agencias pertinentes para que actúen con carácter de urgencia.
«La triste y amarga experiencia por la que hoy atraviesan múltiples pueblos sin el preciado líquido, tiene que irremediablemente servir de experiencia para evitar situaciones similares en el futuro. Esta administración tiene la gran oportunidad de sentar las bases para que eso no ocurra», manifestó el Procurador del Ciudadano de Puerto Rico.
Puntualizó que tuberías viejas, múltiples salideros, promesas incumplidas por años, poco equipo de reemplazo, y falta de supervisión al mantenimiento de la infraestructura, «no pueden ser elementos de los que como pueblo, nos tengamos que sentir orgullosos siendo la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), un monopolio».
García Feliciano citó que el «súpertubo» es la arteria principal que suministra el líquido vital a la zona metropolitana de San Juan y a múltiples municipios de las regiones norte, este y central de la isla, por lo que la gerencia de la AAA no puede seguir cruzada de brazos esperando el colapso de una infraestructura que ya cumplió 30 años, sin que se certifique su estabilidad real.
«La falta de previsión histórica en nuestro país no puede seguir pagándose con el bienestar de la gente. El agua no es un privilegio negociable. Es un derecho humano inalienable», precisó el Ombudsman.
Recordó que los datos demográficos históricos y recientes confirman un envejecimiento acelerado en Puerto Rico, donde la población de la tercera edad ya constituye la mayoría de nuestros habitantes.
«Una crisis de agua o un plan de racionamiento mal ejecutado es una sentencia de crisis humanitaria para nuestros adultos mayores. Muchos de ellos viven solos, padecen condiciones de salud crónicas o encamados, y no cuentan con la fuerza física ni el apoyo para cargar envases de agua. El Estado tiene la obligación moral y legal de velar por la estabilidad de estas familias», añadió García Feliciano.
