Santo Domingo (República Dominicana).- El experto en Derecho Constitucional y Administrativo, Olivo Rodríguez Huertas, calificó como un discurso «totalmente desfazado, penoso y atrasado», atribuir al fideicomiso público ser un instrumento con un interés marcado en la privatización estatal.
Rodríguez Huertas planteó que el Estado y los particulares en un fideicomiso público son responsables de garantizar el interés general.
«Es un discurso un poco penoso, un poco atrasado y justamente la legislación en temas como este, desde lo público, lo que tiene es que garantizar aquellas cuestiones que vienen a ser una defensa de lo colectivo», adujo al ser entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa «Esferas de Poder», que se transmite los domingos por RNN Canal 27.
En ese sentido, Rodríguez Huertas dijo que por eso debe haber una ley que establezca límites y controles, porque se han estado haciendo fideicomiso sobre la base de aprobaciones singulares de los contratos por parte del Congreso Nacional, pero sin un marco jurídico general preestablecido.
Advirtió que hay que establecer controles para que el Estado decida constituir fideicomiso, porque no se pueden establecer libremente, debido a que debe haber estudios económicos y financieros, lo que no significa que sea un modelo de privatización.
«No se trata de eso, esa es una idea un poco desfazada del momento en que vivimos, es decir, el mundo ha evolucionado, el contexto en que surge la administración, en pleno liberalismo económico en que había un divorcio entre el Estado y la sociedad, donde la sociedad tenía que resolver sus grandes problemas a través de sus propios medios y donde el papel del Estado era no interferir en los derechos y libertades de primera generación, ese Estado no existe desde hace más de 100 años», subrayó.
Comentó que ya no es solamente a través de las instituciones del Estado que se satisface el interés general, sino también en muchas ocasiones desde la sociedad y particulares se satisfacen necesidades de interés colectivo.
El experto en Derecho Constitucional y Administrativo observó que esto no significa que el Estado abandone su papel con la idea de que es una actividad privada, porque cuando se trata de que estas toquen el interés general, juega un papel de regulador y garante.
Argumentó que el Estado debe jugar un papel permanente de vigilancia, fiscalización y supervisión de la actividad y convertirse en un garante de que esa satisfacción de las necesidades colectivas, a través de los particulares, se cumpla.
«Creo que es ser justo en reconocer, en primer lugar, la voluntad que ha externado desde hace un buen tiempo del presidente de la República, de que la figura del fideicomiso público que ha estado usándose en los últimos ocho o diez años en la República Dominicana, se realice de cara al futuro dentro de un marco legal que regule todas las aristas y características que son propias del accionar público», argumentó.
Por otra parte, Rodríguez Huertas opinó que el Senado de la República hizo un gran trabajo, donde se hace constar en el expediente legislativo que decidieron dejar fuera el proyecto que se había sometido por el Poder Ejecutivo y asumir un nuevo texto.
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