Ginebra (EFE).- La masacre perpetrada el pasado 23 de agosto en Kenscoff, en las afueras de Puerto Príncipe, vuelve a poner de manifiesto la extrema violencia que ejercen las bandas armadas contra la población y que se ve alimentada por el flujo ilícito de armas y municiones que continúa llegando a Haití, dijo este viernes la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El ataque, en el que al menos 47 personas fueron asesinadas y otras 22 resultaron heridas, se produjo en un contexto de violencia generalizada que ha dejado miles de víctimas este año: entre abril y junio se registraron 1.408 muertos y 656 heridos por la violencia relacionada con las bandas.
A estas cifras se suman 326 víctimas de violencia sexual durante el mismo periodo, aunque Naciones Unidas considera que el número real es probablemente mucho mayor debido al miedo a represalias, el estigma social, las dificultades para acceder a los servicios de atención y la falta de confianza en la Policía.
Según la organización, la disponibilidad de armamento se ha convertido en un factor clave para la capacidad de las bandas de mantener y ampliar su control territorial, y a este respecto mencionó que al día siguiente de la masacre, otra banda que opera en Puerto Príncipe parecía mostrar en redes sociales un nuevo cargamento de armas procedente del extranjero.
La llegada de armamento se produce pese al embargo de armas impuesto por Naciones Unidas sobre Haití desde 2022.
Ante esta situación, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, reclamó a las autoridades haitianas que refuercen la protección de la población y garanticen investigaciones independientes e imparciales sobre las violaciones y abusos cometidos.
Asimismo, pidió que las unidades judiciales especializadas en la investigación de crímenes masivos sean plenamente operativas, así como el despliegue de la Fuerza de Supresión de Bandas (GSF). EFE
