Santo Domingo República Dominicana).- La exdirectora de la Dirección de Defensa a los Afiliados (DIDA), Nélsida Marmolejos,
consideró que las graves situaciones denunciadas en el Seguro Nacional de Salud (SENASA) deben ser remediadas ejemplarmente por la justicia, ya que, de ser cierto, esas irregularidades afectan a sectores sensibles, los desposeídos y amplios de la población.
Marmolejos detalló que SENASA es el programa más importante de la Seguridad Social, primero, porque beneficia a las personas más vulnerables, tiene un carácter lucrativo y en tercer lugar porque el Contributivo de esa ARS brinda más beneficios que todas las demás del mercado.
«Ahora el deber de nosotros es mantenernos exigiendo justicia por lo que ha pasado y que contribuyamos a fortalecer una institución que vuelva a ser modelo de la Seguridad Social como era antes y vigilar que no sea privatizada», dijo la exdirigente sindical entrevistada en el programa «Sociedad y Seguridad Social», que producen Isabel Acevedo y Andrés Matos, por Cinevision.
Marmolejos resaltó que en muchos países estos programas han sido afectados por grandes escándalos de corrupción, y citó el caso de «Medica-care» en Estados Unidos, donde hasta dominicanos estuvieron involucrados con el enriquecimiento ilegal a través de maniobras fraudulentas de esos planes de salud.
Atribuyó a la falta de vocación y preparación las grandes dificultades de institucionalidad, «es decir, muchos de los incumbentes no tienen la experiencia política y técnica, por lo que no preparan las agendas institucionales en base a las prioridades sociales y políticas de sus cargos».
Citó como ejemplo el caso del sector Seguridad Social en cuya Ley establece que se necesita entre cinco a diez años de experiencia y la carga académica en el área para poder optar por un cargo, lo que según Marmolejos, no se ha cumplido en casos e instituciones muy importantes del área.
Por otra parte, en torno al problema de los montos bajos de las pensiones, Marmolejos considero que «debemos aprovechar la modificación de la Ley 87-01 para disminuir las grandes ganancias de las Administradoras de los Fondos de Pensiones (AFP) y aumentar el capital de los afiliados, igual que se debe modificar las formas de distribución de los fondos ahorrados por los afiliados.
La exdirectora de la DIDA dijo que también que urge la modificación de la Ley 379-81 que rige las pensiones del sector público, porque la forma de pensionar al servidor público es injusta en dos razones básicas: primero porque si un empleado no tiene 20 años en el servicio no tiene derechos, es decir, sin tiene 19 años y 11 meses no tiene derecho a pensión, tampoco le devuelven todo ese dinero que usted aportó durante ese largo tiempo que trabajo.
En este caso, que el Estado se apropia de esos recursos ahorrados por los empleados públicos sugiere el establecimiento de una escala de tiempo y en cada caso se le devuelva la cantidad de forma proporcional.
Sostuvo que otra injusticia es que las pensiones están calculadas de acuerdo al salario mínimo y, mientras no se aumente el monto de ese salario, el servidor recibirá una pensión pírrica.
Añadió que «lo mismo que si usted gana un salario superior a ocho salarios mínimos, no lo pensiones con su último sueldo devengado, sino con ocho veces el salario mínimo. Y eso, el empleado debe tener 60 años de edad y 30 en la administración pública», lo que considera una enorme injusticia.
