Santo Domingo (República Dominicana).- El Foro Feminista Magaly Pineda (FFMP) y un conjunto de organizaciones reclamaron de la Cámara de Diputados la aprobación del Código Penal sin sanciones para el aborto en tres causales.
Las entidades entregaron una carta dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco Osoria, en demanda de que el nuevo Código Penal Dominicano, incluya excepciones que no haga sancionable el aborto: cuando la vida y salud de la mujer esté en peligro, cuando existan malformaciones o caracterizas que son incompatible con la vida y cuando sea resultado de una violación sexual, incesto y pederastia.
Manifiestan que la penalización absoluta del aborto constituye una gran injustica social y un grave problema de salud pública.
Según la carta, esta prohibición absoluta del aborto ignora las obligaciones internacionales del Estado Dominicano de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de las mujeres.
El documento lo entregaron un grupo de mujeres que realizaron un Plantón en las afueras del Congreso de la República Dominicana.
La manifestación contó además con el apoyo y participación de diversos espacios y organizaciones de sociedad civil, tales como el Movimiento #Apoyo3causales, CIPAF, CONAMUCA, CE-MUJER, Centro de Estudios de Genero de INTEC, la Asociación Tu-Mujer, COLEHT, UDEMU y RepúbliKa Libre, el Instituto de Género y Familia de las UASD.
En la carta, el movimiento de mujeres advierte que la penalización absoluta del aborto constituye un grave problema de salud pública, una violación a los derechos humanos y un acto de violencia estatal, por lo que urge una respuesta del Estado y en especial del Congreso.
Para las solicitantes, la prohibición y criminalización absoluta del aborto violenta los derechos establecidos el artículo número 42 de la Constitución Dominicana, que establece que «ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o procedimientos vejatorios que impliquen la pérdida o disminución de su salud, o de su integridad física o psíquica».
«Ya ha sido establecido por los órganos de garantía de los derechos humanos que la penalización absoluta contraviene la prohibición de la tortura, tratos crueles e inhumanos, y reproduce la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes», advierten a los legisladores en la comunicación.
Las reclamantes señalan que éste nuevo congreso y gobierno tienen la oportunidad de superar los más de 136 años de desfase del Código Penal actual y lograr que el país cuente con una política penal que responda a las necesidades de hoy en día y a la voluntad del pueblo.
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