Santo Domingo (República Dominicana).- El Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores (MST) expresó su rechazo a lo que llamó «ejecuciones policiales» registrados recientemente en el país.
En una declaración titulada “Abinader ahoga los barrios en sangre: ¡Alto a las ejecuciones extrajudiciales!”, el MST dijo que en lo que va de semana, el trabajador José Eduardo Peña, de 21 años, fue ejecutado en Manoguayabo, por un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), y en Santiago, el comerciante Antonio Rodríguez, fue asesinado en su casa, en horas de la madrugada por agentes policiales. Además mencionó que en Los Guandules, Wilkin Medina «fue ejecutado por miembros de la PN. Seis personas también fueron ejecutadas en Los Alcarrizos.
Dijo que en relación con las denuncias de los familiares y vecinos de las personas asesinadas por cuerpos policiales, el MST considera que “las denuncias ameritan una investigación independiente y configuran un patrón de violación de los derechos humanos cuyo responsable es el gobierno”.
La organización expuso que el esquema de los intercambios de disparos es utilizado frecuentemente «para encubrir las ejecuciones de la Policía Nacional, y que según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se habrían realizado 135 ejecuciones extrajudiciales por parte de la PN y las Fuerzas Armadas en 2022.
“Ante el fracaso de la política social, con el consiguiente aumento de la pobreza y la desigualdad, en las últimas semanas el Gobierno empezó a resentir las denuncias sobre el auge de la criminalidad. El 19 de noviembre, Abinader asumió una pose de “mano dura”, llamando a los delincuentes a entregarse o serían enfrentados en cualquier terreno. Debió limitarse al terreno de la ley, pero explícitamente habilitó la utilización del terreno de la ejecución extrajudicial al hablar de cualquier terreno”, expresó el MST.
Indicó que “ya habían fracasado medidas improvisadas, como una prohibición de venta de alcohol a partir de la medianoche en la provincia Santo Domingo, dictada el 7 de noviembre y levantada posteriormente. El 29 de noviembre, Abinader se quejó de que las leyes dominicanas eran demasiado garantistas, en vez de reconocer que la exclusión, marginación y desigualdad dejan a miles de jóvenes con la emigración y la incorporación a círculos mafiosos como algunas de sus pocas opciones de supervivencia”.
“Después de que a fines de 2021 la arquitecta Leslie Rosado fuera ejecutada, el Gobierno anunció que continuaría asesorándose con las policías más sanguinarias y corruptas de la región, como las de Chile y Colombia. Los crímenes de la PN continuaron. Este año fue brutalmente asesinado David de los Santos. Nuevamente cobraron fuerza las exigencias de disolver la Policía Nacional, pero el Gobierno siguió comprometido con esa estructura mafiosa. Recientemente, hasta el propio comisionado ejecutivo para la reforma policial, José Vila, admitió que la PN era sistemáticamente corrupta”, dijo el MST.
El Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores expuso “que hay personas en los barrios que hastiadas de la delincuencia, ese subproducto del injusto y marginador sistema capitalista, justifican los crímenes de la policía. Pero es fundamental entender que esa política, aplicada desde hace décadas, nunca ha acabado con la delincuencia. Su único resultado ha sido, siempre, la degradación de los derechos democráticos de toda la clase trabajadora. Así fue con Trujillo desde que se creó la PN, así fue con Balaguer, con el PLD y ahora con Abinader”.
Denunció “que hay un intento de limpieza étnica contra la comunidad inmigrante haitiana, estigmatizada con discursos oficiales de odio racial. Esta política conlleva la legitimación de los allanamientos sin orden judicial generalizados, los desalojos masivos contra comunidades pobres y también las torturas y las ejecuciones extrajudiciales. Esta orientación se extiende a los barrios pobres, castigando a las personas dominicanas empobrecidas, excluidas y explotadas por la clase dominante, pero nunca se aplica a los ladrones de cuello blanco. Finalmente, el gobierno apuntala sus pactos con el conservadurismo religioso, misógino y homófobo”.
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