Santo Domingo (República Dominicana).- El Ministerio Público declaró que este viernes inició las réplicas a las defensas de los exministros Donald Guerrero, Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y compartes, «demostrando con pruebas fehacientes la falsedad» de los planteamientos de sus abogados en la audiencia preliminar del proceso por la sustracción de RD$19 mil millones de pesos de los contribuyentes.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), destacó el valor de las pruebas aportadas en el proceso que se conoce en el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
El Ministerio Público ha iniciado su réplica a los argumentos frente a las acusaciones, desmontando planteamientos con los que las defensas pretenden desvirtuar las pruebas ofertadas”, dijo Ortiz a periodistas que la abordaron a la salida del tribunal, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional.
“Ha quedado más que claro, con los elementos el Ministerio Público ha demostrado todas las falsedades que por meses viene dando la defensa no solo dentro del tribunal, sino, también a la prensa, tomando datos aislados que por sí solos desde su perspectiva parecerían ser ciertos; pero en el día de hoy con elementos de pruebas fehacientes, propios del proceso, hemos ido derrumbando uno por uno cada uno de sus argumentos”, agregó.
“Construyeron un castillo de naipes y le estamos retirando su base”, precisó.
Durante la réplica del Ministerio Público, la titular de la Pepca dijo a la jueza Altagracia Ramírez que las barras de abogados de los acusados se vieron imposibilitadas de defender a sus clientes de la sólida acusación contra los cabecillas de una red de corrupción enfrentada por el Ministerio en el año 2023 cuando puso en marcha la Operación Calamar.
Pidió a la jueza el rechazo al pedimento de exclusión de las pruebas que fueron debidamente recolectadas por el Ministerio Público.
Ortiz encabezó el equipo litigante que representó al Ministerio Público junto a los fiscales Miguel Collado, Elvira Rodríguez, Jhensy Víctor, Melbin Romero y Miguel Crucey. “En su afán de confundir, la defensa usa los metadatos de forma maliciosamente incorrecta”, expresó ante el tribunal.
De acuerdo a la acusación, los procesados integraban una estructura que desvió RD$19 mil millones de pesos mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, así como por sobornos utilizados para financiar la campaña electoral de 2020.
El Ministerio Público en este caso presentó acusación contra 46 personas físicas y jurídicas. El grupo es procesado por incurrir en asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedentes y lavado de activos, entre otros.
En este expediente, el Ministerio Público también imputa al abogado Ángel Lockward, y Luis Miguel Piccirilo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA).
Asimismo, a Roberto Santiago Moquete Ortiz, a Aldo Antonio Gerbasi Fernández, exfuncionario de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública de Hacienda; al exencargado de Juegos de Azar de Hacienda, Julián Omar Fernández Figueroa, y al exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña.
También, a Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, los hermanos Ana Linda y Emir José Fernández de Paola, Óscar Chalas Guerrero, Agustín Mejía y Víctor Matías Encarnación.
La audiencia fue aplazada para el próximo miércoles 18 de febrero, a partir de las 9:00 de la mañana.
