Santo Domingo (República Dominicana).- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) pidió la intervención del coordinador residente de las Naciones Unidas en el país, en lo que se ha constituido en «una ilegal e inconstitucional» práctica por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano (PNUD), suplantar los organismos oficiales e institucionales, para las compras públicas, todo al margen de la ley y fuera de los controles y leyes de transparencia de la República Dominicana.
La entidad cívica había valorado en otras oportunidades el acompañamiento, la veeduría y la asistencia técnica, «que creíamos venía dando el PNUD en el país a diversas instituciones públicas, bajo el entendido de que en modo alguno asumían por completo las funciones de compra y contracciones, lo cual se aparta de sus fines, desnaturalizando y prostituyendo su esencia y propósitos, como organismo internacional del sistema de Naciones Unidas».
«Hoy alarmados y preocupados nos enteramos de que el PNUD, en esta labor no técnica, sino más bien de órgano asesor y ejecutor de los procesos de compras y contrataciones en instituciones estatales, estaría recibiendo miles y miles de millones de pesos, todos los años, por los negocios que lleva a cabo, preponderantemente con instituciones, como el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial y el Ministerio de Educación, entre otras, desarrollando una práctica de ilegalidad e inconstitucionalidad, con la agravante de que el PNUD opera bajo el abrigo y complicidad, precisamente de las instituciones que están llamada a proteger las leyes y la Constitución», dijo Trajano Potentini, presidente de la FJT.
Potentini deploró que el PNUD, un organismo internacional, de tanta tradición y prestigio, «se haya convertido en una estructura de negocio y recaudación, alejándose de ese apoyo y asesoramiento técnico que brindaba a los países fuera del interés mercurial, por ello resulta perturbador que solo en el 2020, hayan recibido del Estado Dominicano, más de 13 mil millones de pesos, ello reiteramos al margen de las leyes y reglamentos que rigen la materia; además de quedar fuera del control y escrutinio de los órganos públicos, sobre transparencia y fiscalización».
Recordó que el director de compras y contrataciones públicas, Carlos Pimentel, se ha pronunciado de forma contundente, incluso mediante resolución del órgano que dirige, al establecer que se trata de una práctica ilegal y violatoria a la ley 340-06 sobre compras y contrataciones de bienes y servicios con el Estado, «resolución que esperamos debe ser acogida por los ministerios Administrativo de la presidencia, Educación, Turismo e Interior y Policía; el Ayuntamiento del Distrito Nacional, Tribunal Constitucional y Poder Judicial».
Potentini adelantó que pondrá en mora a todas las instituciones estatales que aún persisten en esa ilegal práctica, para que desistan y se encaminen por la legalidad, empoderando a sus respectivos departamentos de compras.
Asimismo, hizo un llamado, particularmente a Milton Ray Guevara, iniciador de «esta pecaminosa modalidad en el país, a Luis Henry Molina y Roberto Fulcar, para que pongan el ejemplo y se aparten de seguir protegiendo y cultivando esta ilegalidad».
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