Santo Domingo (República Dominicana).- El Ministerio Público reiteró su rechazo a que se beneficien de “privilegios irritantes”, los militares y policías arrestados tras ser involucrados en la “Operación Coral”.
Reynoso se refirió a los 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, dictados contra los implicados en el caso, quienes fueron enviados al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, y Najayo Mujeres, por disposición de la jueza Kenya Romero, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
La procuradora adjunta expresó que “es una solicitud que la magistrada acogió conforme a derecho”.
Al contestar preguntas de periodistas de si los militares y policías deben ser enviados a un recinto militar o policía para cumplir la medida de prisión preventiva, Reynoso manifestó que la Constitución dominicana no establece que los militares y los policías “deben cumplir la medida privativa de libertad en un centro especial”.
“Si buscamos jurisprudencias y doctrinas comparadas no es posible que haya un privilegio en función de que sean policías o militares. Sí tienen derecho a que se tomen medidas sobre su seguridad”, argumentó.
Reynoso precisó que el Ministerio Público tiene la obligación de perseguir “todo acto de corrupción cometido por quien sea”.
La procuradora adjunta hizo referencia a otros implicados en el caso Coral, quienes aseveró tendrán que enfrentarse a los tribunales en el futuro.
“El Ministerio Público no va a distinguir, y no puede distinguir, en función del trabajo, de la función que desempeñe una persona. Lo único que nosotros tenemos de límites es la Constitución y las leyes, no hay ningún otro”, adelantó.
En tanto, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, destacó el general Adán Cáceres Silvestre y la “estructura de corrupción” que operó en su entorno sustrajeron fondos públicos, que reiteró “debieron ser utilizados para mejorar la suerte de los hombres y mujeres que pertenecen a la Policía Nacional y el Ejército”.
El también procurador adjunto manifestó que “un hecho muy grave que sucede en este proceso es que miles de policías y militares que tenían derecho a una mejor suerte, que tenían derecho a un salario digno, no lo han tenido porque un grupo de personas decidió tomar parte del presupuesto de esas instituciones y llevarlo a sus bolsillos”.
Dijo que el dinero que los ciudadanos aportan como contribuyentes al erario debe ser utilizado correctamente, “u el que no lo utilice correctamente tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados a responder por sus hechos”.
Camacho afirmó que el Ministerio Público sigue trabajando para desmontar completamente la estructura de corrupción enfrentada con la “Operación Coral”.
Este lunes la jueza Kenya Romero, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, al mayor general Adán Cáceres Silvestre, y los demás imputados, Rossy Guzmán Sánchez “La Pastora”, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de Guzmán Sánchez), al coronel de la Policía Nacional, Rafael Núñez de Aza, y el sargento de la Armada, Alejandro José Montero Cruz.
Guzmán Sánchez deberá cumplir la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, y los demás en Najayo Hombres.
Mientras, el mayor del Ejército, Raúl Alejandro Girón Jiménez, cumplirá la medida de “arresto domiciliario” en u lugar confidencial del cual el Ministerio Público tendrá conocimiento.
La medida cautelar impuesta será revisada el 10 de agosto de este 2021.
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