Nueva York (Estados Unidos). Un informe de la ONU concluyó que más de 207 personas fueron ejecutadas con armas de fuego y machetes por la banda de la localidad de Wharf Jérémie, al oeste de la capital haitiana, entre el 11 y 11 de diciembre.
El informe de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH) y de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos indica que entre el 6 y el 11 de diciembre pasado fueron asesinados 134 hombres y 73 mujeres.
La mayoría de las víctimas eran personas mayores acusadas de practicar vudú y de ser la causa de la enfermedad del hijo del líder de la banda.
Otras víctimas incluyeron a personas que intentaron huir de la zona por miedo a represalias o que eran sospechosas de filtrar información sobre los crímenes a los medios locales.
Perseguidas en sus casas o en algún lugar de culto, las víctimas fueron llevadas al bastión de la pandilla donde permanecieron cautivas e interrogadas en un “centro de entrenamiento”.
Luego las condujeron a un lugar de ejecución cercano antes de abatirlas a tiros o a machetazos. La banda intentó borrar toda evidencia quemando los cuerpos o desmembrándolos antes de arrojarlos al mar.
“No podemos actuar como si nada hubiera pasado”, declaró la representante especial del secretario general en Haití, María Isabel Salvador.
“Urjo al sistema de justicia haitiano para que realice una investigación exhaustiva sobre estos horribles crímenes y detenga y castigue a sus autores, así como a quienes los apoyan. También insto a las autoridades a que creen rápidamente una unidad judicial especializada para hacer frente a este tipo de delitos”, enfatizó.
Desde 2022, la banda de Wharf Jérémie se enfrenta a padillas rivales por el control de las carreteras que conducen al principal puerto de la capital y a su terminal de contenedores.
Sólo este año, la BINUH y la Oficina del Alto Comisionado han registrado más de 5350 personas asesinadas y más de 2155 heridas como resultado directo de estos actos de violencia.
Además, el jefe de la banda cobra “impuestos” al consorcio que administra el puerto, especialmente por la liberación de contenedores, así como a las empresas camioneras que transportan mercancías desde el puerto.
También se ha posicionado como un intermediario clave para los actores nacionales e internacionales que buscan acceder a las poblaciones locales que viven en Wharf Jérémie.
Los crímenes documentados en el muelle Jérémie ocurren en un contexto alarmante de violencia y violaciones de los derechos humanos en Haití, en las que participan bandas criminales, grupos de vigilantes e individuos de la población que no pertenecen a ninguna organización.
Fuentes creíbles también sugieren la participación de unidades especializadas de la Policía Nacional de Haití, según el informe.
